El Tribunal de Cuentas deberá develar el nombre de sus trabajadores eventuales o de designación libre, es decir, nombrados a dedo, según una sentencia del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha estimado el recurso contencioso administrativo que presentó la fundación Civio ante la negativa del Tribunal de Cuentas de identificar a sus cargos de confianza.
La fundación Civio solicitó en 2018 conocer los nombres y las retribuciones anuales de los trabajadores eventuales del Tribunal de Cuentas. Concretamente de los jefes de secretaría o en puestos de secretaría durante el periodo 2010-2018, es decir, durante los gobiernos de Mariano Rajoy y parte del último gobierno de Pedro Sánchez.
El organismo respondió ofreciendo únicamente el nombre del director de comunicación, solo uno de sus 59 trabajadores eventuales, y alegó que el resto realizaban labores equivalentes a las de los auxiliares administrativos, por lo que no se trataban de puestos de especial confianza. Además, el segundo argumento utilizado en el juicio se basaba en que no estaban obligados a ofrecer esos datos antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, a lo que la sentencia responde que no hay límite temporal para dicha ley.
Según el Supremo, el Tribunal de Cuentas vulneró el derecho de acceso a la información pública
Ahora, la sentencia del Supremo concluye que el organismo vulneró el derecho de acceso a la información pública de Civio, con el argumento de que el acceso a esa información debe prevalecer sobre el interés individual de la protección de datos de los empleados públicos. Además, asegura que los puestos “sí son de especial confianza” y “se proveen por decisión libre del presidente del Tribunal de Cuentas”.
Tal y como afirmaba Civio en su recurso, el objetivo era comprobar si estos puestos eventuales habían seguido un criterio meritocrátrico o, por el contrario, habían sido nombrados a dedo por “afinidad”, como publicaron los medios de comunicación en su momento. En concreto, El País publicó en junio de 2014 que, de los más de 600 trabajadores en plantilla del Tribunal de Cuentas, más de un centenar eran familiares o allegados de medios y altos cargos o incluso familiares entre sí.
Este es un fallo clave para mejorar la transparencia y el acceso a la información pública por tratarse de la identificación de los trabajadores eventuales de la Administración Pública. El siguiente paso podría ser obligar también al Gobierno a revelar el nombre de las personas de especial confianza de los ministros y secretarios de Estado, algo que por el momento se desconoce.
“El Tribunal Supremo está demostrando una especial sensibilidad en favor del control que la sociedad civil puede ejercer sobre las instituciones públicas, dejando bien claro que estas no son un ente ajeno sino que precisamente se deben a la ciudadanía”, afirma Javier de la Cueva, abogado del recurso de Civio.
