El Gobierno de coalición, con Yolanda Díaz a la cabeza, consiguió sacar adelante a comienzos del pasado mes de mayo el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salaria. Después de un largo proceso y de que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto en febrero, la ministra de Trabajo y Economía Social conseguía dar un paso más, pero puede volver al principio en función de lo que haga Junts per Catalunya.
Después de recibir el visto bueno de los ministros, la norma puso rumbo al Congreso de los Diputados para iniciar sus trámites parlamentarios. Sumar confía en que la mayoría conformada por los socios habituales permita a la reforma llegar a las comisiones para su debate, dando así más tiempo a la negociación, antes de la negociación final. Sin embargo, la derecha catalana ha presentado, igual que el Partido Popular (PP) y Vox, una enmienda a la totalidad que, de ser aprobada, continuaría la senda de la tramitación. Un escenario cuasi improbable.
Las tres formaciones contrarias a que los trabajadores dediquen media hora menos de su vida al empleo, en comparación con una jornada de 40 horas, podrían acabar con el trabajo que desarrolla Díaz desde que comenzase a andar esta legislatura y que concluyó con un acuerdo con los principales sindicatos, CCOO y UGT, que no consiguió convencer a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ni a la patronal catalana (Foment del Treball), cuyos intereses son defendidos en el Parlamento por el Junts, PP y Vox.
“Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos, que es presentar una enmienda a la totalidad. La registramos hoy mismo”, advertía la portavoz de los catalanes, Miriam Nogueras, el pasado miércoles. Preocupada porque los empresarios “no tienen voz”, desde Junts consideran que reducir la jornada laboral de los trabajadores perjudica, paradójicamente, “a la clase media catalana y a los trabajadores de Cataluña”. Con todo, la derecha catalana defiende su enmienda a la totalidad como una forma de devolver la norma al principio y obligar a negociar de nuevo con los empresarios.
Los pronósticos no son muy halagüeños para la reforma ni para la vicepresidenta segunda que, no obstante, aún confía en convencer a Junts. Desde Sumar consideran que este posicionamiento puede ser una estrategia negociadora de los neoconvergentes, duda que podría despejarse en el mes de julio. La intención de los magentas es que el debate a la totalidad se celebre en un pleno extraordinario en julio, mes inhábil para la actividad parlamentaria, pero que la coalición ha utilizado en más de una ocasión para abordar materias pendientes.
El endurecimiento del control horario no caerá
La pretensión de Junts es alargar los tiempos y dilatar la aprobación de la reducción de jornada, algo a lo que se suman Partido Popular y Vox, siempre en busca de infligir una derrota al Gobierno. Sin embargo, desde la cartera de Trabajo también se guardan un as en la manga. La reforma viene acompañada de otras materias, como el refuerzo de los registros horarios o el derecho a la desconexión, y Díaz ha dejado claro que estas saldrán adelante aunque caiga la reducción de jornada.
El endurecimiento del registro laboral para evitar los trampeos habituales de las empresas, que podría derivar en el pago de millones de horas extra no abonadas todos los años, puede ser un aspecto que preocupe sumamente a las empresas, dado que la jornada laboral media según convenio ya se ubica casi dos horas por debajo de la 40, marcando las 37,56 en Cataluña. Así, la obligatoriedad de llevar un registro más fehaciente y accesible a las autoridades podría salir a través de la figura del real decreto.
Concretamente, la norma contempla el establecimiento de un registro diario de jornada “digital, objetivo, fiable y accesible”; es decir, se acabarían los registros en papel. Asimismo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los representantes de los trabajadores deberían tener acceso en tiempo real al este para garantizar el cumplimiento de la rebaja. El registro, a su vez, ayudaría también al nuevo régimen sancionador establecido, más duro para evitar la vulneración sistemática que muchas empresas tienen como práctica.
Esto no gusta a las empresas, que se benefician de más de 2,5 millones de horas extra no pagadas a la semana, datos recogidos desde sindicatos y desde organismos públicos. Una estafa semanal de miles de millones que sufren los trabajadores a manos de sus empresarios. Intentar seguir limitando estas prácticas abusivas se incluye en el proyecto de la reducción de jornada, pero el Gobierno podría aprobarlo con un Real Decreto que contuviese un nuevo reglamento, que no requiere su voto en el Parlamento.