Los sindicatos recogen el guante de Díaz y preparan una propuesta de reforma del despido

La mesa de diálogo social en materia de despido ha mantenido su primera reunión este lunes y de ella ha salido ya el primer mandato del Ministerio de Trabajo a los sindicatos mayoritarios: elaborar una propuesta para reformar el despido improcedente. La titular de la cartera y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sigue así adelante con la reforma de la regulación para adecuarla a la Carta Social Europea, tal y como prometió, pese a la último pronunciamiento contra los trabajadores emitido por el Tribunal Supremo.

El departamento laboral del Gobierno, representado en estas negociaciones por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha dado un plazo de tres semanas a Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) para emitir una propuesta que de cumplimiento a uno de los compromisos de la coalición. Es más, por mucho que el Alto Tribunal quiera ir contra la normativa comunitaria, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ya ha sancionado en dos ocasiones a España por contar con una indemnización por despido improcedente muy baja y que “vulnera” la Carta Social Europea.

El Tribunal Supremo quiere ser insumiso al ordenamiento jurídico internacional

El Ejecutivo tiene que acometer, por lo tanto, su reforma y para ello quiere contar con los agentes sociales. Las organizaciones sindicales han recogido el guante y trabajan ya en una propuesta unitaria en la que reclamarán que se adecúe la norma a todo el ordenamiento jurídico que se ha actualizado en los últimos años por la vía europea y por la vía nacional. Asimismo, instan a corregir las “discriminaciones latentes” que se han ido produciendo desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012 de manera unilateral por parte del Partido Popular (PP).

La reforma del despido debería resolver todos los aspectos lesivos que activó la norma de Mariano Rajoy, aprobada de forma unilateral cuando los conservadores no ponían el grito en el cielo por la aprobación de leyes laborales sin contar con los agentes sociales, siempre y cuando la patronal estuviese a favor. Sin embargo, ahora las organizaciones empresariales reniegan de que se recuperen derechos que los trabajadores ya había ganado a través de su lucha, como los 45 días por año trabajado y con un tope de 42 mensualidades por el despido improcedente.

“Las patronales se ponen de bruces ante una modificación de estas características en un ejercicio de irresponsabilidad, porque no quieren resolver la situación de inseguridad jurídica que ofrece el marco del despido de nuestro país”, denuncia Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de Comisiones Obreras y presente en la mesa de diálogo social. Una reforma que, además, está mandatada por Europa, a cuyos tribunales volverán a acudir los sindicatos si no se cumple con la actualización normativa.

Contra la rebeldía del Tribunal Supremo

“No parece de orden que se tengan que establecer islas de aplicación o procesos de insumisión de la norma europea cuando son compromisos que obligan a todos los Estados miembros”, expone Pacheco. Es más, pese a la sentencia contraria al derecho europeo del Tribunal Supremo, que rechazó que la indemnización pueda incrementarse por vía judicial con cuantías adicionales según las circunstancias de cada caso es que, otros tribunales españoles han decidido no aplicar su doctrina y han empezado a aplicar sentencias amparándose en el cumplimiento tanto de la Constitución como del marco legislativo que sí interpretan que están obligados a cumplir.

“No nos vamos a conformar con el hecho de que el Tribunal Supremo quiera hacer un proceso de insumisión del ordenamiento jurídico internacional. Todo el mundo está emplazado a cumplir la Carta Social Europea y a darle forma a ese compromiso mediante una modificación legislativa”, sentencia el portavoz de CCOO. La indemnización de 33 días y 24 mensualidades de límite avergüenza a España, de puertas para dentro y más allá de nuestras fronteras, y su reforma no es solo ya cuestión de justicia laboral, sino de Justicia europea.