La Sociedad General de Autores (SGAE) ha lanzado una ‘oferta’ para que se acojan los pueblos de la España Vaciada. La “tarifa” plana ofrecida por la organización busca que los Ayuntamientos se acojan al plan y paguen por los derechos de la música que pueda reproducirse en el municipio en un acto público. El ahorro es importante, asegura la SGAE, “en algunos casos hasta más del 35%”. La tarifa ofrecida para pueblos pequeños varía en función de la cantidad de población, buscando adecuarse a la realidad demográfica.

Para un municipio de hasta 75 habitantes, la sociedad ofrece una cuota anual de 334,48 euros. En un ejemplo práctico, en un pueblo de 30 habitantes que quisiese acogerse a esta tarifa, el peso sobre cada contribuyente, dado que el pago saldría de dinero público, sería de 11,15 euros. La cantidad per cápita se reduciría para los pueblos por encima de esta población y se agrandaría para aquellos con menos habitantes.

Para pueblos que superan los miles de ciudadanos, la tarifa cambia. Así, para los ubicados entre los 2.001 y los 3.000 habitantes, la cuota es de 3.170 euros. Poniendo el ejemplo de ambos extremos, la tarifa costaría a cada contribuyente 1,58 euros para el más pequeño y 1,05 euros para el más grande. De esta manera, es evidente que la tarifa es mucho más rentable para pueblos con más habitantes que para pequeñas localizaciones que cuentan con menos de 75 vecinos.

Más allá del coste, la SGAE ha trasladado que un total de 2.750 municipios de hasta 3.000 habitantes ya se han acogido a la nueva tarifa, cifra que supera el 43% del total de 6.341 entidades locales de estas características que se encuentran distribuidas por todo el país. La comunidad autónoma donde mejor ha calado la oferta es Islas Baleares, donde el 78% de este tipo de pueblos se han acogido. En segundo lugar, aparece la Comunidad Valenciana, con un 71%, seguida de Extremadura (67%) y Madrid (63%).  

La campaña finaliza el próximo 29 de febrero de 2024 y "tiene como objetivo facilitar el pago de los derechos de autor por el uso del repertorio protegido de la entidad de gestión", asegura Francisco J. Villena, coordinador del Área de Entidades Públicas de la SGAE. Desde la organización garantizan que el ahorro es sustancial y que la cantidad propuesta es una estimación basada en los datos de población total publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De aceptar la tarifa, esta incluye los derechos de autor que representa SGAE por los conciertos, bailes pasacalles o discotecas móviles gratuitas o con precios reducidos o subvencionados organizadas por los ayuntamientos de hasta 3.000 habitantes. De la oferta quedan excluidos los actos en los que exista taquilla comercial, las representaciones escénicas, los centros de radiodifusión, los locales públicos, desde bares hasta gimnasios, "y el repertorio de los bailes de sardanas y las fiestas de moros y cristianos", explican.

Desde la sociedad de autores defiende que adherirse al plan es una colaboración con la defensa de los derecho de los creadores y una contribución desde los mismos ayuntamientos, con sus fiestas y eventos, a que la cultura siga siendo patrimonio común de toda la sociedad". Con todo, la SGAE asegura que la tarifa simplificada representa el modo más económico, rápido y sencillo de remunerar a los autores que la entidad representa por el uso público de sus obras.

"Tratamos de facilitar el proceso a los municipios de hasta 3.000 habitantes y secundarles en sus actividades, ya que somos conscientes de que, en muchas ocasiones, son reducidos tanto sus presupuestos como la plantilla de trabajadores con la que cuentan para atender este tipo de cuestiones", ha concluido el coordinador del Área de Entidades Públicas.

Polémica veraniega

La SGAE, más allá de la oferta realizada a los municipios para cobrar los derechos de autor, estuvo envuelta en una polémica este verano. El Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid decidió anular el reparto económico que la organización realizó durante varios años (2015-2018) a 40.000 artistas por los beneficios generados por la emisión de sus obras en la televisión.

La sentencia afectaba a 64 millones de euros en pagos por este tipo de derechos y se fundamenta en el mantenimiento, por parte de la SGAE, de una serie de acuerdos que la Justicia ya había anulado con anterioridad, imponiendo criterios de reparto. Los acuerdos de 2015 alcanzados por la Junta Directiva de la SGAE fueron anulados dos años después; sin embargo, la organización continuó realizando cambios y reformas posteriores basadas en los acuerdos nulos, motivo por el que el Juzgado los decretó todos “inválidos”.