Decenas de miles de personas coparon este domingo las calles de Madrid para protestar por el precio de la vivienda. Especuladores, rentistas, fondos buitre, bancos, grandes propietarios, portales e inmobiliarios completaron una larga lista de señalados, entre los que destacaba también el Ejecutivo y su ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. “Gobierno progresista, cómplice y rentista”, gritaban los manifestantes, que también afearon la intención de parte de la coalición de sumarse a la marcha. Este lunes, Rodríguez ha querido defender la actuación y políticas aprobadas hasta el momento, lanzando un “mensaje de esperanza”.
“Comprensión” es lo primero que ha trasladado la ministra a TVE. “Es una emergencia social y estamos ante situaciones dramáticas que conocemos bien y a las que estamos intentando dar respuesta desde el Gobierno con absoluta determinación”, ha continuado. Pese a esto y al quizá más dramático hecho de que no parezca que la situación vaya a llegar próximamente, ha pedido “esperanza” y confianza en un Gobierno está “actuando con determinación y en la línea correcta”.
"A esos jóvenes", se ha referido a los manifestantes, "hemos dirigido ayudas como esos 200 millones de euros, que esta semana llevaremos al Consejo de Ministros para que puedan ser ejecutados por las comunidades autónomas, a las que les he pedido más celeridad y mejor gestión de los mismos", ha revelado la ministra. Así, este martes saldrá adelante una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, que se suma a otra serie de medidas recitadas por Rodríguez.
La regulación de los precios del alquiler, la delimitación de las zonas tensionadas, los índices de referencia, la bonificación a los caseros que saquen al mercado alquileres asequibles son algunos de los ejemplos que ha dado. Una serie de medidas recitadas por Rodríguez que se ponen en las manos de las comunidades autónomas, pero que la amplia mayoría decide no utilizar. Si bien allí donde se ha aplicado, como el caso de Cataluña, el precio de los alquileres ha bajado, esto parece no ser suficiente, dado que una reducción del 5% (100 euros) no alivia mucho si el alquiler es de 2.000 euros.
Sobre otras temáticas que afectan a la vivienda, Rodríguez ha pedido la prohibición de definición de nuevos pisos turísticos y ha defendido el abordaje de los alquileres temporales. “Estamos regulando los pisos turísticos y vamos a abordar los alquileres temporales”, ha trasladado. En sentido contrario, ha señalado a los que defienden otro modelo.
“Aquellos que defienden el libre mercado son los que ya pusieron los cimientos para traernos a esta situación. Son los que liberalizaron el suelo con la ley de Aznar, vendieron vivienda a los fondos buitre y, en definitiva, son la señora Ayuso diciendo que no hay que prohibir los alojamientos turísticos en una ciudad en la que sabemos que hay más de 13.000 ilegales”, ha zanjado.
Intervención del mercado
Otro ministro, pero de la otra pata del Gobierno, se ha pronunciado escasos minutos antes sobre la manifestación de este domingo. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha defendido la intervención del mercado del alquiler “porque es disfuncional y funciona como una aspiradora de riqueza”. Asimismo, ha criticado que merme los efectos del resto de políticas de la coalición.
“El Gobierno ha subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las pensiones, ha mejorada gracias al Ingreso Mínimo Vital (IMV) los ingresos de las familias más vulnerables. Y toda esta mejora relativa se la está comiendo el mercado de la vivienda”, ha lamentado. El líder de Sumar ha seguido el camino de Rodríguez y ha pedido a los gobiernos autonómicos, que atesoran las competencias, que apliquen la ley de vivienda. También ha ido más allá y ha propuesto “prohibir la compra especulativa de vivienda en zonas tensionadas” que no sea para su uso habitual o para alquiler asequible.
“El mercado de la vivienda está controlado por intereses especuladores, fondos buitres y grandes tenedores. El año pasado, más del 50% de las operaciones de compraventa de vivienda se hicieron sin hipoteca, lo que quiere decir que son inversiones financieras. En los últimos 20 años, la mitad de las operaciones de compra de vivienda la han hecho empresas con más de ocho pisos en su propiedad”, ha presentado.
El titular de la cartera de Derechos Sociales ha cerrado su denuncia exigiendo también “acabar con la proliferación insoportable de los pisos turísticos”, de los que además “gran parte de ellos son además ilegales”.