Caso Popular: el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, agota las últimas semanas de la prórroga que se concedió con el fin de acabar de recabar información. Un proceso, en el que Reyes Calderón ha comparecido en calidad de investigada por su papel en la ampliación de capital del Banco Popular en 2016. Sin embargo, la mala praxis y la responsabilidad de la multipremiada novelista en la salida del expresidente Ron (con la posterior llegada de Emilio Saracho y la resolución y venta del banco) siguen siendo uno de los grandes misterios sin resolver de un caso extremadamente complejo.

Economista de profesión, su larga trayectoria como docente en la Universidad de Navarra le sirvió como aval para aterrizar en abril 2014 en el Consejo de Administración de OHL. Poco después de que Juan Miguel Villar Mir “accediese a designarla” como presidenta de su comisión de Auditoría, Calderón continuó escalando posiciones gracias a la influencia de la institución navarra en la Sindicatura de Accionistas del Banco Popular.

Sin apenas tiempo para poner en práctica los artículos y monografías sobre gobierno corporativo, ética empresarial, códigos de buen gobierno y transparencia que la precedían, la economista fue nombrada vocal del Consejo Asesor Internacional del Banco Popular en noviembre de ese mismo año junto al consejero de OHL, Tomás García Madrid. Un meteórico ascenso que se completó apenas dos años después de su llegada a la constructora.

Ataque a Villar Mir y giro al bando mexicano

Coincidiendo con este nombramiento, que tuvo lugar semanas antes de la ampliación de capital anunciada para reforzar el patrimonio de la entidad, Calderón comenzó a alinearse públicamente con el accionista mexicano Antonio del Valle. En paralelo a su “defensa rotunda” a la ampliación de capital del Banco Popular, la flamante presidenta de la Comisión de Nombramientos, Gobierno Corporativo y Conflicto de Intereses del Banco Popular planteó un ultimátum en OHL: si el presidente Villar Mir no ajustaba su comportamiento a su condición de “mero accionista” de la compañía, sus consejeros independientes dimitirían en bloque.

De esta forma, y haciendo gala de un comportamiento “impropio y desleal”, según fuentes cercanas a la entidad, la todavía presidenta de la Comisión de Auditoría de la constructora se situaba en el primer plano de un conflicto de intereses, introduciendo además el “factor desestabilizador” de una compañía cotizada.

“Lo procedente, de acuerdo con el cargo que desempeñaba, hubiese supuesto plantear las supuestas irregularidades al Consejo de Administración y, consecuentemente, presentar su dimisión si no obtenía una respuesta satisfactoria, si no quería ser cómplice del comportamiento que pretendía denunciar”, añaden las mismas fuentes.

Las formas mostradas por Calderón, unida a “la difusión entre terceros con cierto poder” de la situación de una compañía en la que el banco era uno de sus principales acreedores, motivaron la “quiebra inmediata en la confianza en la nueva consejera” por parte del presidente Ron. Una relación que acabó de “dinamitarse” cuando, en sintonía con los deseos de Del Valle y del grupo de accionistas a los que este representaba desde México, “empezó a maniobrar” para reemplazar a Francisco Gómez, consejero delegado cuya gestión había comenzado a ser discutida desde el otro lado del Atlántico.

En junio de 2016, la notificación de sus intenciones en una reunión ordinaria del Consejo –tras solicitar al propio Gómez que abandonase la sala– escenificó el divorcio en el seno del Banco Popular. Apenas habían pasado dos meses y la lealtad de Calderón al bando liderado por el accionista mexicano ya estaba fuera de duda provocando una auténtica guerra interna.

De las fake news a las “decisiones unilaterales”

Mientras tanto, las irregularidades nunca investigadas de Del Valle comenzaron a convertirse en un secreto a voces entre las autoridades del Banco de España, los banqueros de inversión y en los círculos políticos más influyentes. Nada de esto pareció importar a Calderón, que siguió formando un tándem con el empresario mexicano con el fin de acelerar la salida del presidente Ron, mientras Del Valle abarataba su toma de control de la entidad y hundía su cotización con la adquisición de posiciones cortas.

Después de haberse ganado la confianza del accionista mexicano, Calderón asumió una posición de poder absoluta y comenzó a saltarse los Estatutos del Banco sin miramientos. En primer lugar, contratando a espaldas del Consejo a un prestigioso despacho madrileño para el “asesoramiento legal externo y la selección de candidatos a suceder al presidente”.

Así lo denunció en la Comisión de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa del Banco del 14 de noviembre de 2016 una de las consejeras allí presentes, Ana María Molins López-Rodó; una reunión en la que, por cierto, el primer y el segundo punto del orden del día eran el “plan de sucesión” y la “información al Consejo de Administración”.

Según unos documentos a los que ha tenido acceso este medio, además de “pedir explicaciones” sobre quién había decidido la contratación del citado bufete, Molins solicitó que constara en acta “su más rotunda queja” por la forma en que había actuado Calderón, “al haber ejercitado funciones atribuidas” a la comisión “sin su previa convocatoria y constitución y sin que, como mínimo, se le hubiera informado de dichas gestiones”.

“Doña Ana María Molins manifiesta que ni como consejera independiente ni como miembro de esta Comisión ha tenido conocimiento de las actuaciones que se han venido desarrollando en estas últimas semanas para una hipotética sucesión del presidente del Consejo de Administración y considera que se han obviado algunas normas y recomendaciones de gobierno corporativo”, señaló el acta del día.

La activación de la búsqueda de un sucesor de Ángel Ron fue de la mano de una campaña de desprestigio con la filtración de noticias falsas para desacreditar a la entidad y a su presidente. Más allá de la contratación de asesores y de esta campaña mediática, el papel de la escritora en la salida orquestada del presidente del Banco Popular también quedó al descubierto en un segundo documento: un recibo de SpencerStuart, la consultora escogida a espaldas del Consejo de Administración para que ejerciese “como head-hunter para la búsqueda de candidatos”.

Según demuestra esta factura por “nuestros servicios de consultoría de acuerdo con nuestra propuesta de fecha 08.11.16”, así como una carta fechada el mismo día, Calderón había mantenido desde al menos seis días antes de presidir la comisión de Nombramientos “conversaciones” con SpencerStuart para informar a la firma estadounidense del “interés en llevar adelante la búsqueda de un presidente para Banco Popular”.

Este conjunto de actuaciones también fue denunciado en la reunión del día 14 por Ana María Molins.  La consejera se avanzó entonces las conclusiones de un informe posterior de CMS Albiñana & Suárez de Lezo según el cual, Calderón había puesto en marcha “unilateralmente y por su cuenta” la ejecución de un plan para suceder a Ron, “sin tener facultades ni competencias para ello”. Una demostración más de las licencias y derechos adquiridos por la protagonista de una novela, que lleva la firma de una escritora multipremiada, pero que lamentablemente para los intereses de miles de pequeños accionistas ha acabado traspasando los límites de la ficción.