Renfe ha dicho basta. Tras meses sin recibir las compensaciones pactadas por el uso del Abono Transporte, la compañía pública ha presentado un requerimiento judicial reclamando más de 47 millones de euros a la Comunidad de Madrid y acusando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de extender datos falsos sobre las incidencias de Cercanías.
La operadora estatal detalla que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) —dependiente del Ejecutivo autonómico— mantiene sin pagar las facturas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de este año, por importes de 15,2, 11,9 y 19,8 millones respectivamente. Renfe subraya que la Comunidad no ha cuestionado ni una sola factura, ni la validez de los cálculos, pero aun así no ha abonado ninguna mensualidad, lo que podría elevar la deuda hasta los 100 millones de euros a final de ejercicio.
En su comunicado, Renfe acusa al Gobierno madrileño de un “incumplimiento contractual grave” que le está provocando perjuicios financieros y obligando a asumir endeudamiento adicional. Pero la disputa no se queda en lo económico. La empresa pública denuncia la “manipulación” de datos por parte del Ejecutivo de Ayuso para inflar las cifras de incidencias y alimentar un discurso de desprestigio hacia el servicio de Cercanías y, por extensión, hacia el Ministerio de Transportes.
Renfe acusa a Ayuso de “manipular” cifras de incidencias
“Difunden cifras falsas mientras admiten no disponer de información real”, lamenta Renfe, que recuerda que todas las incidencias se comunican en tiempo real a los usuarios y se publican mensualmente en su Portal de Transparencia. La compañía reprocha, además, que la Comunidad oculte los fallos registrados en otros operadores integrados en el propio CRTM, como Metro, EMT o autobuses interurbanos.
Mientras tanto, el Gobierno regional ha anunciado que reforzará su supervisión sobre Cercanías y exigirá un nuevo convenio que garantice información “automática y precisa” de todas las incidencias. El Ejecutivo madrileño asegura que la red ha sufrido más de 1.300 incidentes significativos en lo que va de año, una cifra que Renfe considera inflada y utilizada con fines partidistas.
Pese al impago, la Comunidad de Madrid aprobó esta semana una inversión de 87,3 millones para prorrogar el acceso de la Tarjeta Transporte Público a Cercanías hasta 2026, una medida que no resuelve el conflicto económico con Renfe. La operadora denuncia la “absoluta deslealtad institucional” del Gobierno de Ayuso y sostiene que el CRTM se está utilizando como herramienta política en lugar de cumplir su función de coordinación del transporte madrileño.
Un convenio firmado y prorrogado… pero no pagado
El convenio que regula la utilización del Abono Transporte en Cercanías Madrid se firmó en septiembre de 2024 y fue prorrogado mediante una adenda en diciembre del mismo año. En él, la Comunidad de Madrid se comprometió a abonar a Renfe una compensación por cada viaje realizado en Cercanías mediante el Abono Transporte, además de una cuantía adicional por la recarga de esos títulos en las instalaciones gestionadas por la operadora estatal. El acuerdo buscaba asegurar que el usuario pudiera desplazarse con total integración tarifaria en la red madrileña, sin tener que pagar ningún suplemento por acceder a los trenes de Cercanías.
Con el requerimiento judicial ya en marcha y un clima político cada vez más enrarecido, la disputa amenaza con prolongarse. La operadora estatal recalca que seguirá reforzando el servicio para evitar que los usuarios sufran las consecuencias del conflicto, pero lanza un mensaje inequívoco a la Comunidad de Madrid: debe pagar lo firmado y abandonar la manipulación de datos si quiere garantizar la estabilidad del sistema de transporte público madrileño.
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