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Economía

PSOE y PP chocan en el debate de vivienda: del "bozal al mercado" y los topes a las bajadas de impuestos y el impulso empresarial

La ministra de Vivienda y el líder económico del PP han enfrentado sus principales propuestas

P. R.
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La ministra de Vivienda y candidata socialista, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Hacienda del PP y candidato por Sevilla. Montaje de elaboración propia.

La ministra de Vivienda y candidata socialista, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Hacienda del PP y candidato por Sevilla. Montaje de elaboración propia.

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La ministra de Vivienda y cabeza de lista del PSOE por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Hacienda del Partido Popular (PP) y líder de la candidatura por Sevilla, Juan Bravo, han mantenido, este miércoles, un cara a cara en la Cadena Ser. El debate se ha centrado exclusivamente en la crisis habitacional, principal problema señalado por los españoles desde hace años, y los representantes de las dos formaciones del bipartidismo han chocado a la hora de presentar las propuestas para abordar la problemática.

El análisis de fondo ha sido compartido en muchos puntos y ambos han defendido figuras como la colaboración público-privada con los gigantes de la construcción. Mismas coincidencias se han encontrado a la hora de hablar de los beneficios fiscales para pequeños propietarios, que el PSOE cifra por debajo de los diez inmuebles, y las ventajas tributarias para la compra. Las principales discrepancias han llegado en lo que a intervención en el mercado se refiere, con una propuesta de regulación mínima de los socialistas y una negativa a actuar por parte de los conservadores.

Al mercado hay que ponerle un bozal

El representante del PP ha propuesto reducir el IVA del 10% al 4% para toda la adquisición de primera vivienda, a lo que la ministra ha replicado que no tiene sentido si no se establece “un tope de precio”. Algo similar sucedió en los supermercados en los peores momentos de la inflación alimentaria y, al no establecer un coto a las subidas, las cadenas incrementaron los márgenes extraídos de productos cuyo gravamen había sido aminorado o eliminado. “Es como llenar la bañera sin poner el tapón”, ha resumido Rodríguez la reducción de impuestos sin tope a precios.

“¿Usted está a favor de intervenir los precios?”, le ha espetado, entonces, Bravo. “Por supuesto, en compra y en alquiler”, ha respondido Rodríguez, quien ha defendido “reconocer como un derecho constitucional fundamental” la vivienda, intervenir el 1% del Producto Interior Público (PIB) a políticas públicas habitacionales y “acabar con los desahucios”. “Tengo la convicción de que al mercado hay que ponerle un bozal”, ha apostado la que lleva siendo ministra de Vivienda desde hace tres años, “y vamos a trabajar para que se priorice el uso para vivir de las casas”.

El mercado y las empresas

Bravo ha apostado por la colaboración público-privada como vía para solucionar el problema de la vivienda y ha reprochado al Gobierno la falta de medidas suficientes para fomentar la construcción y agilizar los procedimientos administrativos. Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de llevar ocho años sin ofrecer una respuesta a esta problemática. Frente a esta postura, Rodríguez ha defendido la necesidad de que las administraciones intervengan para frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda. "En los últimos 40 años, en este país, se ha confiado el derecho de la vivienda al mercado y eso no ha funcionado", ha afirmado.

Por su parte, la ministra ha puesto en valor las iniciativas del Gobierno para ampliar el parque público y de vivienda protegida, entre ellas el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, de los cuales el Ejecutivo asume el 60%. Además, ha recordado la propuesta electoral de destinar anualmente el 1% del PIB a políticas de vivienda social supone inversión que alcanzaría los 17.000 millones de euros al año. Rodríguez también ha defendido medidas como la regulación del alquiler, la congelación de las rentas y las bonificaciones fiscales dirigidas tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios.

En esta línea, Rodríguez ha reiterado la necesidad de que las administraciones regulen el uso de los inmuebles para dar prioridad a su función residencial, poniendo el foco en los datos del Banco de España, que estima en 900.000 el número de viviendas destinadas a pisos turísticos, alquileres de temporada y otras modalidades de uso. "Hay recursos suficientes, capacidad y convicción en este país para que esas viviendas sean de la gente", ha afirmado.  No obstante, ha asegurado que el Gobierno continuará impulsando la construcción mediante la colaboración público-privada.

La ministra también ha defendido, como Bravo, el respaldo al sector privado, con medidas como la recogida en el Real Decreto-Ley aprobado la semana anterior, que contempla una reducción del IVA al 4% para la construcción de vivienda asequible. Este decreto ha evidenciado las discrepancias entre ambos dirigentes, con Rodríguez reprochando al PP su rechazo a las medidas destinadas a proteger a los inquilinos y a las personas en situación de vulnerabilidad. Por su parte, Bravo ha defendido la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios y ha respaldado los desalojos en un plazo de 48 horas en los casos de 'okupación'.

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