Abordar el problema de la vivienda y su afectación a millones de personas de clase trabajadoras que no pueden pagar un alquiler en su barrio con los míseros sueldos que se abonan en España, ni tampoco pueden acceder a su hipoteca o sustentar las cuotas de la ya contratada, es complejo. Por el contrario, garantizar sin rubor que la culpa es de la okupación, sin datos ni evidencias, es mucho más sencillo. Esta es la vía elegida por el Partido Popular (PP), Vox, Junts, PNV y, este martes, también del PSOE.
Los socialistas han unido sus votos en el Congreso de los Diputados al del resto de formaciones favorables a la especulación inmobiliaria y a la acumulación de viviendas como si no se tratasen de un bien de primera necesidad para tramitar una proposición de ley de la derecha independentista catalana que impulsa los desahucios exprés. Si bien dicha tramitación no significa la aprobación de la norma, que todavía tiene que enfrentar varios procedimientos, lo simbólico que tanto preocupa al PSOE en los últimos tiempos ha dejado una fotografía difícilmente explicable desde Ferraz.
Los dos principales partidos del sistema, PSOE y PP, unidos a las derechas independentistas, PNV y Junts, y la extrema derecha de Vox. Todos, más allá de los de Carles Puigdemont, han presentado matices contra el texto y han prometido enmiendas, pero lo cierto es que han dado su visto bueno para que comience la andadura de la ley que propone reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para lanzar desahucios en el plazo de 48 horas, sin que la constatación de la vulnerabilidad de las familias, la presencia de menores (por lo que la ONU ya ha condenado a España) o de personas enfermas o víctimas de violencia sexual pueda impedirlo.
Y la intención de la norma es que la decisión recaerá en la Policía, estamento cuya imparcialidad y profesionalidad en esta materia está en duda en función de a qué lado de la puerta preguntes, quien podrá dilucidar si la entrada en la vivienda se ha producido en las últimas 48 horas. A más, habla de desalojos inmediatos para el caso de allanamiento de morada de la vivienda habitual o de la presencia de delito flagrante, algo sorprendente, dado que estas cuestiones ya están contempladas en el Código Penal español.
Materias ya legisladas
Es más, en España la normativa recoge dos delitos que podrían ser considerados como una okupación: allanamiento de morada y usurpación. La distinción es importante, dado que en el primero de los casos, el que señala la ley de Junts, ya se permite el desalojo inmediato. La diferenciación se fundamenta en lo que es morada, que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo es, más allá de la evidente vivienda habitual, la segunda vivienda o las residencias vacacionales, entre otras.
En caso de una posible comisión de este, la norma contempla el desalojo cautelar antes del comienzo del proceso judicial y las penas pueden llevar al infractor a la cárcel. Es decir, en caso de que un propietario sufriese el allanamiento de su primera o segunda vivienda -también se incluye en la jurisprudencia hasta una tienda de campaña-, las autoridades pueden proceder a un desahucio cautelar (inmediato) una vez quede demostrada la consideración de morada de las múltiples maneras posibles (contrato de alquiler, empadronamiento, domicilio fiscal, contratos de suministros, correspondencia bancaria, etc.).
Por otro lado, el delito de usurpación también supone la ocupación sin autorización del titular de un bien inmueble, con la gran diferencia de que, en este caso, el inmueble no puede constituir morada. Quedando excluidas la vivienda habitual, la segunda vivienda y la vivienda vacacional, atendiendo a la jurisprudencia. Cabe destacar que, en España, según datos de 2024 del portal inmobiliario Fotocasa, el 80% de los ciudadanos es propietario y, entre estos, tan solo el 4% tiene tres o más, un selecto grupo en el que apenas un 27% mantiene uno de los inmuebles vacío.
Es decir, los principales afectados por la okupación de un piso vacío que no constituye morada son, en su gran mayoría, fondos buitre, entidades bancarias y rentistas especuladores que viven de acumular y especular con muchos inmuebles. No obstante, para opacar esta realidad, las formaciones y medio neoliberales han introducido el término de inquiokupación, sin sentido ni fundamento jurídico, con el que relacionan a la familia, a la que despersonalizan entre cifras y publicidad de alarmas, que pagaba 600 euros al mes y no puede afrontar una subida a los 1.500, pero resiste a abandonar su casa.
Señalar un culpable de paja es mucho más efectivo en términos discursivos y de rédito político, algo que la derecha entendió hace mucho tiempo en este ámbito, dibujando una falsa problemática de okupación, y en otros muchos como el desempleo, los bajos salarios o los delitos sexuales, que habitualmente cargan a los inmigrantes. La derrota para la izquierda llega cuando, lejos de realizar un tratamiento profundo o señalar culpables alternativos para los que la derecha trabaja o a los que no quiere molestar (bancos, fondos buitre, mega propietarios), compra los marcos neoliberales.