En plena lucha en el seno del Gobierno de coalición por la ley de Vivienda, este martes ha llegado al Congreso de los Diputados una proposición de ley del Parlamento de Baleares que plantea establecer un tope a los precios del alquileres en las zonas tensionadas. La propuesta contiene aspectos similares a la anunciada por Antonio Costa, primer ministro de Portugal, el pasado 16 de febrero, que contempla límites a los precios de la vivienda y el arrendamiento forzoso de viviendas deshabitadas a precios establecidos por el Gobierno. En el caso español los parámetros no van tan lejos y, siguiendo la propuesta balear, se centran en dar capacidad normativa a los gobiernos autonómicos.
Esta propuesta del Parlamento balear que se discute en la Cámara Baja pretende otorgar a las Comunidades Autónomas la posibilidad de establecer una normativa propia para contener el avance de los precios del alquiler, alejada del marco general que pretende establecer el Gobierno central con la ley de Vivienda. De esta manera, serían los Ejecutivos autonómicos los que definirían cuáles son las zonas tensionadas, aludiendo los criterios que consideren oportunos. De igual manera, queda en mano de los territorios el régimen sancionador que pueda establecerse y otros aspectos como los procesos extrajudiciales definidos para resolver posibles conflictos derivados de la renovación de contratos afectados por el tope a la renta.
Las CCAA más críticas con el proyecto regulatorio nacional ven con buenos ojos esta propuesta, al considerar que no se extralimita en las competencias, como sí señalan que lo haría una ley a nivel nacional. Se apoyan en el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hablaba de la posibilidad de una “expropiación de la regulación autonómica”. El Gobierno de España, por el contrario, defiende que cuenta con competencias suficientes para abordar la problemática a nivel nacional sin incurrir en una apropiación de las competencias autonómicas.
Detalles de la ley balear
El texto que ha llegado al Congreso de los Diputados es fruto de una proposición impulsado por Més per Menorca, que contó con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, el Grupo Mixto y el propio partido proponente. Las modificaciones que plantea el documento afectarían a Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (LAU), concretamente a sus artículos 10 y 17. En estos se aborda la prórroga de los contratos y la determinación de la renta, respectivamente. Atendiendo a las variaciones que serán debatidas este martes, se propone establecer un régimen de limitación del precio del alquiler con un régimen sancionador y un sistema de resolución extrajudicial de conflictos producidos entre arrendadores y arrendatarios, que daría a las CCAA una salvaguarda para proteger a los inquilinos de las zonas tensionadas.
Sobre las zonas de mercado residencial tensionado, la proposición de ley plantea que su declaración y mantenimiento dependerá de los gobiernos autonómicos y deberá contar con una memoria que justifique su declaración "a través de datos objetivos y fundamentada en la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para la población residente". Sobre la prórroga de los contratos, se refleja que, si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra de su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogaría obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años.
"La declaración, de acuerdo con este procedimiento, de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado conllevará la redacción, por parte de la administración autonómica competente, de un plan específico que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo para el período de vigencia de la declaración de la zona de mercado residencial tensionado", añade el documento en lo referido a las zonas tensionadas.
Las modificaciones planteadas se asemejan a parte de la gran revolución del mercado del alquiler diseñada por el Gobierno de Portugal. En el país luso, los contratos de alquiler renovables, en caso de que ninguna parte notifique su intención de finalizar la relación, se renuevan automáticamente y no pueden encarecerse más de un 3%, valor establecido por el Ejecutivo. Además, en lo referido a los contratos de nueva definición, el ejecutivo de Costa plantea establecer un precio máximo o un tope del 2% al aumento, índice propuesto por el Banco Central Europeo (BCE), en caso de que el inmueble hubiese sido alquilado previamente, teniendo en cuenta el precio fijado en el anterior contrato.
Polémica con la ley de Vivienda
Mientras, la ley de Vivienda sigue sin encontrar el consenso dentro del propio Gobierno por la duración de las medidas. La parte morada aboga por una norma que contemple un tope al precio estructural, es decir, que vaya más allá de la coyuntura de crisis de precios actual y quede plasmado en la normal de cara a futuro. A la parte socialista le preocupa que la fijación de un tope que transcienda el contexto tenga perjuicios en el mercado y pueda generar efectos no deseados, como podría ser una fijación de precios del alquiler más elevada de lo previsto como arma de los arrendadores para puentear el tope y partir de un valor desmedido, aspecto que el Ejecutivo luso quiere solucionar estableciendo precios máximos en nuevos contratos.
La posibilidad de que el tope afecte a la oferta también preocupa en la parte reticente, por eso apuestan por una medida temporal y adaptada a la situación. El cómo trasladar el tope a los inmuebles que entren por primera vez en el mercado del alquiler, completa la lista de aspectos que están retrasando la norma. Además, se plantea también cómo evitar las “triquiñuelas”, que, por ejemplo, supondría la situación en la que un casero decida retirar su vivienda del mercado durante un lapso temporal para, posteriormente, lanzarla de nuevo al mercado con un precio más elevado y que escape del tope a las renovaciones.