El pasado jueves, el presidente del Gobierno y el líder de Podemos firmaron en la Moncloa lo que parece ser un acuerdo político que, más que facilitar los Presupuestos, supone un acuerdo de facto para finalizar la legislatura y, quien sabe, para ensayar un futuro gobierno de coalición. Como bien decía Enric Juliana en La Vanguardia, el acuerdo ha convertido un gobierno de 84 diputados en uno de 157. 

El documento excede el ámbito de lo presupuestario y habrá que esperar a que el gobierno presente sus cuentas este mismo lunes a la Comisión antes de valorar exactamente cuántos de esos acuerdos aparecen reflejados presupuestariamente. Todo hace indicar que salvo catástrofe fiscal, con Italia en pie de guerra, la Comisión dará el pase a los presupuestos, avalando la estrategia del gobierno para desgracia de la oposición, que ya ha declarado que quiere hacer todo lo posible para que la Comisión rechace el proyecto. Parece, que no contentos con usar las instituciones nacionales para su estrategia política, la oposición pretende extender esta instrumentalización a las instituciones europeas.

El acuerdo tiene cuatro componentes: medidas sociales, regulación de mercados, aspectos no económicos y medidas impositivas. En su conjunto, el acuerdo supone un incremento del gasto que oscila entre el 0,2% y el 0,5% del PIB, y supone ingresos económicos en una cuantía similar, a los que habría que sumar los propios del crecimiento económico esperado para 2019. Es decir, que el acuerdo cumplirá con las obligaciones fiscales de España para con la zona euro, manteniendo un déficit público por debajo del 3% y proporcionando un esfuerzo fiscal estructural equivalente a alrededor del 0,4% del PIB. En otras palabras, el impacto fiscal del acuerdo es inferior al impacto del acuerdo del PP con Ciudadanos en 2018, o a las rebajas fiscales aprobadas por el PP en 2015 y 2016 (que se estimaron en 12.000 millones de euros según la Agencia Tributaria). Más allá de su tamaño –pequeño- cabría identificar las partidas que van a experimentar aumentos: pensiones, dependencia, igualdad de permisos de paternidad y maternidad y, en menor grado, pobreza infantil. Es una distribución del gasto que beneficia mucho más a los mayores que a la infancia, y, desde ese punto de vista, es una oportunidad perdida.

Mucha más polémica ha resultado el incremento del SMI hasta los 900 euros. Es una subida de un 20% en un único año, que supera los acuerdos anteriormente firmados por el PP y el PSOE en 2017, o el acuerdo al que llegaron los sindicatos y la patronal. Andan los economistas a la gresca sobre cómo interpretar los efectos de una subida como esta, que no tiene precedentes en nuestra historia, y cuyos antecedentes en la investigación empírica no son concluyentes: normalmente las subidas graduales del SMI no han generado impactos negativos en el empleo, pero ahí la clave está en la palabra “gradual”. Por eso estamos en el terreno de lo desconocido. Sí podemos señalar que el SMI actúa a modo de suelo social, y aunque no es la herramienta más efectiva para luchar contra la pobreza laboral, su incremento supone una señal al mercado: es la hora de la recuperación de los salarios. Señal que se complementa con la eliminación de algunos de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. La evolución de las principales variables nos indican que es poco probable que veamos un impacto negativo significativo en el mercado de trabajo, por cuanto llevamos años en los que los salarios han crecido por debajo de la productividad.

Por último, el gobierno se plantea un nuevo set de impuestos dirigidos a mejorar la progresividad del sistema, con nuevos tramos para el IRPF a partir de 130.000 euros, una subida del impuesto de patrimonio, una nueva tasa a la compraventa de acciones, o la tasa tecnológica. La mejor noticia de este paquete es que por fin tenemos una visión precisa de qué impuestos va a accionar el nuevo gobierno, después de meses de globos sonda y mensajes contradictorios. Hoy sabemos, por ejemplo, que no habrá impuesto adicional para el combustible diesel. Los impuestos planteados se dirigen a aquellos con mayor renta y patrimonio, así como a determinadas acciones poco usuales entre la “clase media trabajadora”, como la compraventa de acciones en los mercados.

En definitiva, el acuerdo es un acuerdo netamente de izquierdas, dirigido a incrementar el gasto social –aunque en una dirección no totalmente acertada, en mi opinión-, a mejorar la predistribución de la renta, y a proporcionar los ingresos necesarios para su adecuada ejecución en el marco de nuestros compromisos europeos.

Las reacciones que se han vertido a la luz de la lectura del documento son de lo más variopinto, y nos hacen recordar las famosas retóricas de la intransigencia que con tanto acierto analizara el gran economista Albert O. Hirschman: cuando se propone o se plantea una reforma, la reacción conservadora suele dirigirse a tres tesis: la tesis de la futilidad, por la que la medida no generará los efectos deseados, o estos serán insignificantes; la tesis de la perversidad, por la que cualquier medida de reforma terminará con un resultado opuesto al que se quería lograr; y la tesis del riesgo, por el que cualquier propuesta de avance pone en riesgo los logros alcanzados hasta el momento. Si uno analiza las reacciones conservadoras a las propuestas contenidas en el documento, se encontrará con múltiples casos de retóricas de la intransigencia. Es decepcionante que la oposición, en vez de entrar a debatir las propuestas y valorar sus pros y contras, que los hay, se haya atrincherado en el mensaje de la “podemización de la economía” o “el viaje a Venezuela”, expresiones que la inhabilitan para mantener el debate que necesitamos con urgencia. Entre otras cosas, porque quedarán de nuevo retratados cuando la Comisión Europea de por bueno el proyecto, haciendo que los profetas del apocalipsis económico queden en evidencia.

Qué bueno sería que, a la luz del documento de Podemos y PSOE, los grandes partidos entraran en un debate sereno y de alcance sobre cómo poner en marcha estas y otras medidas en las que han estado de acuerdo en el pasado. No será así.