La precariedad canibaliza códigos postales y la vivienda agrava la pobreza de los trabajadores

La macroeconomía y las estadísticas grandilocuentes siguen sin dar de comer a las clases trabajadoras españolas, que ven como su poder adquisitivo es cada vez menor como consecuencia de la crisis de precios de la vivienda y el estancamiento de los salarios en niveles muy bajos. Millones de trabajadores precarios que destinan gran parte de su renta a pagar el alquiler y apenas cuentan con dinero para el resto del mes, situación que ha llevado a que casi la mitad de los inquilinos del país, el 45%, se encuentre en riesgo de pobreza y exclusión social.

Un porcentaje elevado, el mayor de la Unión Europea (UE), y preocupante que ha quedado recogido en el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del informe. El cóctel entre vivienda cara y empleo mal pagado está arrastrando a los trabajadores, realidad que el informe sustenta con datos. “La vivienda es hoy el factor que está activamente reconfigurando nuestra estructura social, expulsando a uno de cada cuatro hogares de una vida digna”.

No fallan las personas, falla el sistema

Esto, ha proseguido Flores durante la presentación del estudio, “está triturando el difícil equilibrio de las clases medias”. El empleo, reconoce el informe, mejora en términos macroeconómicos, pero ha perdido gran parte de su capacidad protectora e integradora. Es más, los investigadores lamentan que la precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad (47,5%) de la población activa, porcentaje que se traslada en 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral. Un tercio de vida diario entregado al trabajo, sino más, que no sirve para salir de pobre.

Tan cruda es la realidad que el propio estudio impulsado por Cáritas denuncia que un tercio de la población excluida moderada o severa está trabajando. Y la meritocracia, la defienda el rico de turno que sea, no es más que una farsa para prolongar el sistema de escala con el ascensor social roto. “La conclusión del informe es un golpe a nuestra promesa de igualdad de oportunidades: la exclusión social se hereda”, expone Flores la realidad que día a día sienten en sus propias carnes los jóvenes de los barrios trabajadores.

Y, pese a todo, los estratos más humildes siguen luchando para salir adelante. Tres de cada cuatro hogares (77% en 2024 frente al 68% de 2021) que se encuentran en exclusión severa buscan diariamente empleo, se forman, activan redes y ajustan gastos. Pero la realidad es más fuerte y se dan de bruces con las barreras estructurales, además de estar limitados por los recursos escasos y muy poco personalizados. “El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa”, ha expuesto Flores.

Menos años de vida y más exclusión

El trabajo académico de FOESSA deja constancia también de que las clases trabajadoras más humildes no solo viven peor, sino que viven menos. Y la pérdida de años de vida no responde exclusivamente a una peor nutrición derivada de la precariedad o a un mayor castigo físico al desempeñar empleos con peores condiciones, sino a otras variables discriminatorias de las que son responsables las administraciones, como el acceso sanitario o la limpieza de las calles.

El principal dato destacado por los investigadores es que el 6% de las familias más vulnerables que tenían una enfermedad grave no recibió atención médica en 2024 (año al que corresponde el estudio), porcentaje que duplica el del conjunto de la sociedad. Además, el ámbito psicológico también golpea especialmente a estos estratos, entre los que el 12% sufre depresión, ansiedad o trastorno adaptativo, por un 6% del conjunto de la sociedad.

Un derecho fundamental convertido en privilegio

“El informe pone sobre la mesa que cuando el sistema público se atasca y retrasa la detección precoz de enfermedades, o no cubre completamente puntos fundamentales como la salud mental, la única alternativa es el pago, convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio”, ha plasmado Flores la realidad. Situación dramática que, además, últimamente se afronta con un mayor nivel de aislamiento: las personas e exclusión severa aisladas han pasado del 3,2% al 16,6% en tan solo seis años.

“El informe nos alerta sobre cómo nuestro ‘escudo comunitario’, se está debilitando justo donde más se necesita. Donde se tejen vínculos, la exclusión se vuelve reversible; donde se rompen, la dependencia se acelera. Reconstruir esos lazos exige reconocer lo relacional como estratégico: las políticas deben medir y fortalecer el capital social (familia, vecindad, asociaciones) con acciones preventivas y comunitarias”, ha concluido el artífice del estudio y secretario técnico de la Fundación FOESSA.