El Gobierno de España pretende introducir una enmienda en la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos tengan que autorizar expresamente a los vecinos que quieran poner su casa en alquiler turístico. Esta es la fórmula del Ejecutivo para limitar el "fenómeno Airbnb" y "empoderar a los vecinos". Es decir, al alquiler de viviendas para ponerlas a disposición de uso turístico. Así, el cambio legal del Gobierno, que ya a sido redactado y que se va a presentar en el Congreso de los Diputados este miércoles 24 de julio, indica de forma explícita que aquellas personas que deseen poner su piso en alquiler turístico "deberán obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios". En concreto, esa luz verde deberá de ser concedida por al menos tres quintos de toda la comunidad.
De igual forma, la nueva norma en la que está trabajando el Ejecutivo añade un punto que abre la posibilidad a que cualquier vecino pueda llevar a los tribunales a quienes tengan un alojamiento de alquiler turístico sin permiso de la comunidad de vecinos. De hecho, el cambio legal subraya que el presidente de la comunidad "a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios" puede requerir "la inmediata cesación" de las actividades de alquiler turístico, "bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes". Así, considera que el "fenómeno Airbnb" es una actividad económica y subraya que sólo quién se haya "acogido previamente a la normativa sectorial turística, podrá seguir ejerciendo esa actividad".
Según el procedimiento habitual, el texto de esta nueva norma se va a llevar a la Comisión de Justicia y, una vez haya finalizado su revisión, se pasará a su consecuente votación después en el pleno de la Cámara Baja.
El Ejecutivo trabaja en medidas para paliar los alquileres turísticos
Desde hace semanas, el Gobierno de España está trabajando en medidas que pretenden paliar los efectos consecuentes de los alquileres turísticos en España. Frente a la falta de consenso en las soluciones entre los distintos municipios españoles, el Ejecutivo asumió el liderazgo y busca seguir el ejemplo de Jaume Collboni en Barcelona: prohibir o restringir los alquileres turísticos en el territorio.
Las propuestas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, así como de la cartera de Industria y Turismo, pasan tanto por la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal como por la creación de una plataforma única acorde a la normativa europea que permita hacer un seguimiento efectivo de estos pisos turísticos, a través de un sistema de matrículas. En el caso de lo primero, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez ya ha estado negociando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la cual ya le planteó esta posibilidad de elevar el porcentaje de vecinos que necesario para autorizar el uso de una vivienda para alquiler turístico.
Dentro de los cambios a la ley pertinente y a otras medidas legales que ya anunció en su momento la cartera de Vivienda y Agenda Urbana, se han barajado otras posibilidades. Por ejemplo, hacer un cambio fiscal para que se tribute esta actividad económica como tal. También que se exigiese la temporalidad de los alquileres temporales para evitar abusos de estos por parte de los propietarios.
Tal y como ya anunció la ministra Rodríguez, el Gobierno pretende tener lista la plataforma en 2025, aunque aclaró que se intentaría poner en marcha "todo lo rápido" que lo permita "la tecnología y los desarrollos" que el Ejecutivo debe implementar. Asimismo, el real decreto que desea impulsar el Gobierno podría estar listo a finales de verano, ya que la idea es "tramitarlo con absoluta rapidez en el seno del Gobierno".