Las negociaciones no anticipaban que el punto de acuerdo fuese posible y este martes la patronal ha certificado su rechazo a la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales sin merma salarial. A través de un comunicado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y CEPYME han trasladado su oposición antes de la finalización del plazo otorgado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para dar una respuesta. La decisión ha sido asumida por “unanimidad” en el Comité Ejecutivo extraordinario de la CEOE.
“La conclusión es que CEOE y CEPYME, desde la responsabilidad, no pueden apoyar dicha propuesta”, recoge el comunicado. Así, las organizaciones empresariales aluden que “modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución”, que garantizará el derecho a la negociación colectiva y certifica la vinculación de los convenios colectivos.
Los empresarios, comandados por Antonio Garamendi, entienden así que la aprobación de esta norma “no hace sino debilitar el marco de negociación colectiva que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años”. Asimismo, aluden que aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una “reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia”, pese a que desde la cartera de Yolanda Díaz habían puesto sobre la mesa múltiples medidas y ayudas destinadas a las pequeñas empresas.
Además, deteniéndose en el punto que realmente ha movido a la patronal durante el casi año de negociaciones, desde CEOE y CEPYME aseguran que la rebaja de los tiempos de trabajo “difícilmente” se traduciría en un incremento de la productividad al estar compuesto el tejido productivo español en su mayoría (98%) por pymes y autónomos. “Adoptar medidas como esta, con carácter general, tiene poco sentido si se tiene en cuenta las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas”, añaden, aunque al respecto Trabajo también había realizado propuestas.
Complicaciones para Yolanda Díaz
El departamento liderado por Díaz había lanzado un órdago a la negociación. Después de la última reunión, celebrada hace una semana, Trabajo había puesto sobre la mesa un plan con ayudas directas para casi medio millón de microempresas (menos de cinco trabajadores), centradas en sectores como hostelería, comercio, otros del sector servicios o agriculturas. A esto se sumaba un acompañamiento y asesoramiento a pymes de menos de 10 trabajadores y bonificaciones a la conversión de contratos a tiempo parcial en empleos a tiempo completo motivada por la reducción.
Esta era “la última propuesta del Gobierno” después de trece reuniones y diez meses de negociación y la patronal tenía dos semanas para responder, pero le ha sobrado una. “Si no podemos contar con la patronal, intentaremos un acuerdo con las organizaciones sindicales”, trasladaba el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. “Una reducción a pelo”, sin bonificación a empresas, y que “busque un acuerdo con las organizaciones que quieran firmarlo”, reclamaban los sindicatos. Este escenario se ha dado y ahora Díaz tiene que decidir cuál es el siguiente paso.
El Gobierno de coalición ahora deberá decidir si procede de la misma manera en la que lo hizo la última vez que la CEOE se descolgó de un acuerdo, con la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuando decidió asumir el rango alto pactado con sindicatos y obviar las pretensiones de la patronal al no querer consensuar; o, por el contrario, desplegar una propuesta que se detenga en un punto medio y sí incluya las medidas de apoyo que se habían ofrecido para pequeñas y medianas empresas, pese a la fuga de la patronal.
Decida lo que decida, lo cierto es que el verdadero escollo se lo encontrará en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo no cuenta con mayoría y requiere en toda votación de los apoyos de socios parlamentarios más o menos habituales. Esquerra Republicana, EH Bildu, Podemos parecen están a favor; sin embargo, la derecha catalana de Junts, muy influenciada por la patronal catalana (Foment del Treball), no parece por la labor. El momento de las negociaciones comienza y el tiempo comienza a agotársele a la coalición si quiere llegar a tiempo a cumplir una propuesta de la que hizo campaña la parte minoritaria.