Un nuevo informe elaborado por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados y con sede en Ginebra, apunta a la presunta participación activa de más de 57 empresas internacionales y tres grandes fondos de inversión en la ocupación israelí y en la ofensiva militar sobre Gaza, que la ONU ha calificado como una "campaña genocida". Según adelantó Al Jazeera, los fondos señalados podrían ser BlackRock, Vanguard y Allianz.

El documento, de 27 páginas, se basa en más de 200 contribuciones documentadas de gobiernos, organizaciones de derechos humanos, expertos académicos y entidades civiles. En él, Albanese insta a las empresas a romper cualquier relación comercial con el Estado israelí y advierte que los directivos de estas compañías podrían enfrentar responsabilidades legales por su implicación.

El informe identifica cuatro grandes sectores implicados. En el ámbito de la defensa y la maquinaria pesada, aparecen empresas como Lockheed Martin, Leonardo, Caterpillar, HD Hyundai y Volvo, acusadas de suministrar armamento o maquinaria utilizada en operaciones militares.

En tecnología y vigilancia, se mencionan compañías como Microsoft, Alphabet (matriz de Google), Amazon, IBM y Palantir, que habrían proporcionado herramientas clave en sistemas de control, inteligencia artificial y recopilación de datos biométricos.

El sector financiero también figura en el informe, con instituciones como BNP Paribas, Barclays, y los fondos BlackRock, Vanguard y Allianz vinculados a la compra de bonos israelíes utilizados para financiar el aparato militar.

Por último, en el ámbito de los asentamientos y servicios, se nombran firmas como Maersk, Booking, Airbnb, así como compañías agrícolas como Bright Dairy & Food y Netafim, acusadas de facilitar el desarrollo de asentamientos y el control de recursos naturales en Cisjordania.

Albanese subraya que uno de los motivos por los que el conflicto persiste es que sigue siendo “rentable” para muchos actores privados. “El genocidio en Gaza no se detiene porque es un negocio; hay intereses económicos detrás”, afirma. El informe será presentado esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque carece de carácter vinculante.

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