La semana pasada, España logró dos acuerdos importantes para orientar la recuperación económica. El viernes, en Moncloa, el Gobierno firmó con los agentes sociales el Acuerdo por la reactivación económica y el empleo, al tiempo que los grupos parlamentarios de Podemos, PSOE y Ciudadanos acordaban las conclusiones en la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción. Dos documentos que señalan el camino para una política económica proactiva dirigida a proteger el empleo y a reconstruir el modelo económico sobre nuevas bases.

Los acuerdos apuestan por el mantenimiento del sistema de protección de los ERTE, la modernización del mercado laboral, el apoyo a la industria y a la transición energética, la movilización de recursos para garantizar la liquidez y solvencia de las empresas, la recualificación de los trabajadores y la regulación del teletrabajo, el apoyo a la economía social y las políticas activas de empleo, en un contexto de reactivación del diálogo social. Todas ellas medidas necesarias y que, articuladas con el plan de reformas e inversiones que nos dará acceso a los fondos de recuperación de la Unión Europea -del cual se espera un acuerdo tarde o temprano- marcarán la agenda económica de los próximos 24 meses como poco.

Los acuerdos alcanzados son necesarios, pero se quedan lejos de la pretensión inicial de lograr un pacto de país -unos nuevos pactos de la Moncloa- como se planteó en las semanas iniciales de la crisis del Coronavirus. La ausencia de apoyo por parte del Partido Popular, que no se ha sentido concernido por esta agenda, tiene un motivo fundamental, y es la falta de acuerdo en el ámbito de la necesaria reforma fiscal. El gobierno, que ha renunciado al impuesto especial sobre las grandes fortunas, insiste en la necesidad de elevar los impuestos, particularmente a través de un incremento del impuesto sobre la renta a las rentas más altas, inicialmente, a aquellas que se sitúan por encima de 130.000 euros anuales.

Para el Partido Popular, la solución a los problemas de España pasa por bajar impuestos. Con una menor imposición, la economía española reactivará su consumo y permitirá una mayor creación de empleo. Cuando la economía está en recesión, hay que bajar impuestos porque estimula el consumo y la demanda. Cuando la economía está en crecimiento, hay que bajar impuestos porque el estado puede permitírselo. En definitiva, en cualquiera de las formulaciones de la política económica del Partido Popular, bajar los impuestos es el elemento central. Sólo cuando la situación de las cuentas públicas es insostenible, como lo era en 2012, aceptan, a regañadientes, incrementar la presión fiscal.

Que España tiene unos ingresos fiscales por debajo de la media de la Unión Europea, y por detrás de los grandes países europeos de referencia es de todos conocido. La existencia de una importante bolsa de economía sumergida, un festival de exenciones y bonificaciones fiscales y un sistema impositivo con un grado de progresividad mejorable suponen que en España los ingresos fiscales se sitúen alrededor del 35% del PIB, cuando en otros países de nuestro entorno, esa cifra se sitúa alrededor del 41%. Esta insuficiencia de recursos públicos afecta no sólo a la cantidad, sino también a la calidad de las intervenciones públicas: por poner un ejemplo, la AIReF señaló que las políticas activas de empleo en España adolecían de importantes deficiencias. Esta información se convirtió en titular en numerosos medios de comunicación. El informe de la AIReF también señalaba que el gasto por desempleado era uno de los más bajos de entre una selección de países de referencia, circunstancia que no se hizo demasiado eco en los medios de comunicación. Es poco probable que políticas infrafinanciadas obtengan resultados excelentes. No lo hacen en ningún sitio.

España necesita urgentemente un pacto fiscal que merezca tal nombre, en el que los partidos políticos y los agentes sociales acuerden unos niveles mínimos de suficiencia al tiempo que se garantiza la calidad de las políticas públicas: estabilidad, eficacia, eficiencia y suficiencia. El propio gobernador del Banco de España lo ha reclamado en varias ocasiones, señalando la necesidad de dotarnos de un marco fiscal sólido y estable en el medio plazo. Es una verdadera lástima que no hayamos sido capaces de generar este acuerdo en una ocasión como la actual, donde lo que está en juego es la posibilidad de enjugar los enormes impactos económicos de la crisis del coronavirus y estructurar un reparto justo de las cargas de la recuperación. Mientras no hagamos este ejercicio, los países del norte de Europa nos seguirán tratando como a un país menor de edad, incapaz de afrontar con madurez democrática uno de sus principales retos a medio y largo plazo: un sistema impositivo justo, suficiente, proporcional y eficaz. Lamentablemente tendremos que esperar a otra ocasión, pero si en estas circunstancias no ha sido posible poner de acuerdo a las principales fuerzas políticas, será difícil imaginar una ocasión más propicia en la que esto sea posible.