La renovación de la reforma laboral sigue encallada pese a las advertencias que llegan de la Unión Europea, que ha vuelto a señalar este viernes que el plazo que debería cumplir la nueva regulación debería presentarse, como muy tarde, este 31 de diciembre, antes de que acabe el año. El Gobierno, apremiado, ha decidido redoblar su presencia, fijar una reunión con la mesa de diálogo social todos los días a partir de este lunes y hasta que la situación se resuelva y devolver a los sindicatos una propuesta más ajustada a sus peticiones.

Tal y como ha explicado la Unión General de Trabajadores en una nota explicativa a la que ha tenido acceso ElPlural.com, el Ejecutivo ha planteado dos cambios en su propuesta en la reunión mantenida este viernes. Concretamente, se trata de los artículos 15 y 16: en el primero de ellos se propone incorporar, de nuevo, tal y como habían demandado los agentes sociales, la posibilidad de suscribir un contrato de interinidad por vacante. “La propuesta recoge la petición de UGT de limitar este tipo de sustitución por vacante a un tiempo indispensable, no superior a 90 días, y sobre todo que la vacante sea cubierta  por un contrato indefinido”, indica el sindicato.

Un paso hacia adelante que sin embargo todavía no cuenta con el visto bueno de todos los implicados. En la nota se expone que el Gobierno deberá realizar otra propuesta formal, incluyendo ciertas aportaciones técnicas solicitadas por UGT, para consensuar posturas: “Desde UGT insistimos que es primordial que, al tiempo que se regula la contratación temporal para que dé respuesta a las necesidades objetivas de las empresas, se regule con la misma intensidad las sanciones asociadas al uso fraudulento de la contratación temporal”.

Pero este artículo no es el único que acerca el acuerdo, tan pretendido por los sindicatos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, plenipotenciaria en las negociaciones: “En el mismo sentido, el Gobierno traerá  una nueva redacción del art.16, contrato fijo discontinuo, que pueda concitar el acuerdo de todas las partes en función de las aportaciones técnicas que se han ido realizando en el día de hoy”.

“Finalmente, hemos exigido que se reconozca la prioridad aplicativa del convenio sectorial frente al convenio de empresa, de forma expresa en lo concerniente a salarios y jornada”, sentencia UGT, que añade que en estos momentos de recta final de las negociaciones, su sindicato tratará de apretar para conseguir “un marco legislativo que reduzca los porcentajes de temporalidad, que acabe con la precariedad y que definitivamente reequilibre las partes en la negociación colectiva con el objetivo de dignificar las relaciones laborales, los salarios y las condiciones de las personas trabajadoras”.

El calendario no se toca

Pese a que las negociaciones están siendo más costosas de lo que se preveía, el Ejecutivo sigue ratificando su compromiso de tener lista para su aprobación la nueva reforma laboral antes de que finalice el año. Este plazo es el concedido por Bruselas y de su cumplimiento depende la llegada de un nuevo tramo de fondos europeos de 12.000 millones de euros.

Al menos ese era la primera fecha límite, ya que este mismo viernes la Comisión Europea ha rebajado ligeramente el tono reconociendo que este plazo es "indicativo": "Lo importante es que todos los Estados miembros hagan todo lo posible", ha manifestado la portavoz comunitaria Arianna Podestà. "Animamos a las autoridades españolas a respetar el plazo previsto y aprobar la reforma del mercado laboral en el cuarto trimestre de este año, conforme a los compromisos enunciados en la decisión de ejecución del Consejo", ha sentenciado.