La Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Hacienda han pactado que el nuevo modelo de financiación autonómica se rija por el principio de ordinalidad, ampliación que está en el acuerdo entre el PSC y ERC para investir, en su momento, al president Salvador Illa. La vicepresidenta primera y responsable de las Cuentas, María Jesús Montero, parece tener encarriladas las negociaciones y se espera que, tras puentes, festividades, vacaciones y la inactividad propia del mes de enero, en febrero se pueda hacer oficial el pacto de manera definitiva.
Este principio determina que las autonomías que más aportan a la Hacienda pública estatal tengan menos recursos por habitante que aquellas que aportan menos y, además, que las comunidades ricas, una vez hayan aportado su cuota al conjunto del sistema, no desciendan puestos en el ranking de ingreso tributario por habitante. Según ha indicado 'El Confidencial', portavoces de la Conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat catalana se han negado a emitir declaraciones sobre este asunto.
La ministra Montero deslizó tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera que la ordinalidad era una posibilidad que "podría contemplarse", y parece que sería la piedra angular del nuevo sistema que tiene previsto incluir una mayor participación de las comunidades en los impuestos cedidos. Además, se sopesa incorporar un nuevo sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Asimismo, los equipos negociadores buscan una mejor redistribución de los tributos en favor de las autonomías con más población: Baleares, Murcia, Andalucía, Valencia, Cataluña y Madrid.
La ordinalidad estabilizará un sistema que, con el paso de los años, pretende equilibrar las desigualdades que padecía el sistema debido al crecimiento económico. Tampoco reproducirá las diferencias que el modelo actual suscita en favor de las grandes autonomías: la comunidad mejor financiada recibe un 31% más que la peor financiada. El ministerio de Hacienda pretende mantener, según el propio principio de ordinalidad, a la autonomía mejor financiada, la Comunidad de Madrid, con una financiación bastante similar a la actual.
Negociación política y presupuestaria
Esquerra Republicana de Catalunya ha supervisado la desenvoltura de las negociaciones y ha tutelado el conato de pacto desde la lejanía, siendo socio preferente de investidura para Illa y segunda fuerza según el último sondeo del CEO. De hecho, el principio de ordinalidad es una condición sine qua non para garantizar su apoyo a lo que resta de legislatura, especialmente en relación con los presupuestos catalanes y generales.
Una vez finalicen las negociaciones, la titular de Hacienda convocará, de forma extraordinaria, un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para activar los resortes legales necesarios que precisa el nuevo modelo: modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para redactar un nuevo texto. Debido a la complejidad técnica y las desavenencias propias de la inestabilidad política en la actualidad no allanan el trabajo y se prevé que el proceso legal pueda concluir en torno a la primavera de 2027.
Para entonces, otra de las claves será la población ajustada, es decir, el coeficiente que se aplica a las diferentes singularidades de la población, entre ellas la dispersión, la superficie o el número de niños o de personas mayores. Este revisionismo pretende calcular de forma efectiva las necesidades de financiación reales que tiene cada territorio y su leve modificación puede significar una afectación decisiva en los recursos que vaya a recibir cada autonomía.