María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha asegurado que “hay margen” para prolongar el escudo social, compuesto por las diferentes medidas aprobadas por el Gobierno de cara a combatir las consecuencias de la guerra de Ucrania, si se mantiene una situación de precios elevados. Más concretamente, se ha referido a la reducción del IVA del gas y la luz, medidas por las que el Gobierno ha dejado de ingresar 8.000 millones de euros. “Si vemos que en noviembre ambos mercados siguen teniendo precios tan elevados tendremos que prorrogar estas medidas y tenemos holgura para hacerlo”, ha señalado en RNE.

La ministra también ha tenido tiempo para valorar la guerra desatada por la no inclusión de la Ley de Vivienda en las cuentas públicas de 2023. A ojos de la titular de Hacienda, este es un debate "ridículo y absurdo": "Sería una tomadura de pelo que la Ley de Vivienda formara parte de los Presupuestos de 2023", ha indicado, con rotundidad, dando por zanjado un debate que ha formado parte de las presiones ejercidas de Unidas Podemos pese a ser conocedores de que el PSOE no tenía intención alguna de hacer converger esta ley con la negociación de los PGE. 

En lo relativo a lo aprobado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la principal artífice de las cuentas ha recordado que, aunque serán debatidos en el Congreso de los Diputas y la distribución del gasto puede variar entre partidas, el límite de gasto “ya está fijado y no se puede alterar”. Así lo ha transmitido la ministra al ser preguntada por las concesiones que el Gobierno está dispuesto a realizar en favor de sus socios habituales (ERC, PNV o Bildu) con los que ha asegurado que negociará para alcanzar el acuerdo. En referencia a los posibles acuerdos, ha negado que vaya a producirse un intercambio de apoyos con Esquerra Republicana, en referencia a conseguir su apoyo a cambio de que el PSC apruebe los Presupuestos de Cataluña impulsado por ERC.

Del aspecto autonómico, Montero ha indicado que comprende el debate en torno a la financiación que recibe cada Comunidad Autónoma. pero que “Hay políticas mucho más nucleares que lo que son las infraestructuras en los territorios”. En esa línea ha destacado el crecimiento en partidas como sanidad, educación o dependencia, para concluir que las cuentas “tienen una composición bastante lógica”.

“Todos los territorios tienen partidas presupuestarias fruto de la obra y las actuaciones que se están desarrollando”. En lo relativo a la financiación autonómica, que sitúa a Madrid por debajo de Cataluña y Andalucía, la ministra asegura que “la Comunidad de Madrid tiene un crecimiento del triple de lo que se plantea en Cataluña, luego otra cosa es el peso relativo”.

Pensiones

“Sería muy importante saber qué es lo que opina el PP de la revalorización de las pensiones, que parece que siguen pensando como en la anterior crisis. Lo siguen viendo como una política de gasto, no de mejora de la sociedad. Los pensionistas no perderán poder adquisitivo, por tanto, tendrán que actualizar sus pensiones con respecto al IPC, entre otras cosas, porque las pensiones máximas están topadas”, ha destacado la ministra al ser preguntada por el incremento en pensiones. En esta línea, ha asegurado que la revalorización es sostenible por las mejoras del mercado laboral y las cotizaciones.

“Meter 3.000 millones de euros en la hucha, fíjese si es sostenible. Encima sin incrementar el déficit de la Seguridad Social. Todo porque se ha aumentado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y con ello las cotizaciones, la distribución de los empleos es más cualitativa, con mayor rango y menor precariedad, y estamos transformando empleos precarios en indefinidos”, ha conluido Montero.

Previsiones económicas y fiscalidad

“Tendría que haber un debate sereno sobre la fiscalidad en nuestro país”, ha continuado Montero, que ha recordado que “la financiación autonómica no la aprueban los territorios, la aprueban los partidos políticos presentes en los territorios”. No obstante, ha afeado que los partidos tengan un posicionamiento diferente en cada territorio y ha pedido que tengan “un criterio único, no pueden tener uno en Andalucía, otro en Madrid y otro en Galicia”.