En medio de una racha de subidas constantes en el precio de la luz, marcando máximo tras máximo en las últimas semanas, el Gobierno se ha puesto en marcha para frenar el encarecimiento del recibo mensual de la electricidad de los consumidores. Coincidiendo con el inicio del curso político, la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que se están estudiando diversas medidas para paliar el problema.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desvelaba este domingo que el plan del Ejecutivo es que el recibo de la luz cierre el año en niveles similares a 2018. Es decir, tiene que caer estos cuatro meses para alejarse de los últimos récords y recuperar dichos niveles. Para ello, el Gobierno tiene un plan para reducir el coste del recibo de la luz.
El Ejecutivo explica en su plan inicial que gran parte de los consumidores no se han visto afectados por la subida de los precios energéticos, ya que cuentan con un contrato negociado en el mercado libre con una tarifa fija. Es decir, solo uno de cada tres consumidores -10,6 millones de contratos de los 28,5 millones totales- han sufrido subidas en su recibo mensual.
Esto sucede por un matiz esencial que muchos de los consumidores no se habrán parado a pesar. El precio mayorista del mercado energético y el recibo mensual de la luz son dos elementos distintos, marcados por varios factores. Así, por un lado, el Gobierno asegura que la evolución de los precios en el mercado mayorista cambia a diario, fuera del alcance de cualquier Gobierno, incluido el español.
El precio de la luz en España está en la media europea
De hecho, España cuenta con el octavo precio más caro del mercado energético dentro de la Unión Europea, con otros siete países comunitarios por delante. En cifras, reconocen estar en el mismo precio que el país vecino Portugal y que la media europea.
Por ese motivo, los ciudadanos no tienen que estar atentos a los precios diarios del mercado mayorista, sino que tienen que valorar la repercusión en su recibo mensual, consideran fuentes del Ejecutivo, que recalcan que donde se puede actuar es en el precio de la luz que mensualmente pagan los ciudadanos en su recibo y no ante el precio mayorista del mercado energético.
Tanto el presidente del Gobierno como las ministras Ribera y Calviño, para la Transición Ecológica y de Asuntos Económicos respectivamente, han recalcado en los últimos días que el Gobierno está volcado y lo va a seguir haciendo en reducir la factura mensual de la luz para los ciudadanos. Tal y como ha asegurado Calviño en una entrevista este lunes, es fundamental para alcanzar una recuperación justa.
El plan del Gobierno para lo que queda de año pasa por que la subida “desmedida” del precio de la energía tenga el mínimo impacto en el recibo mensual de los ciudadanos, para lo que plantea una serie de medidas, divididas en cuatro bloques clave.
Primer bloque: medidas estructurales
En un primer bloque de medidas estructurales, el Ejecutivo apuesta por las energías renovables, “la forma más limpia y más barata de generar electricidad”, en palabras de Calviño, con el objetivo de que las energías renovables sean quien dominen el mercado en la mayoría de las horas.
España cuenta con una buena posición en este punto ya que es el país europeo con más recursos solares y uno de las que más en cuanto a recursos eólicos. Asimismo, desde el Gobierno destacan una industria puntera en la que se fabrica más del 60% de lo necesario para parques solares y más del 90% para parques eólicos.
Según las impresiones del Ejecutivo, el mercado ya está recogiendo esta realidad y los mercados de futuros de electricidad revelan que España contará con precios inferiores a Francia y Alemania en 2022 y 2023 por la mayor presencia de renovables.
Impulso del autoconsumo
Por otro lado, uno de los objetivos del Gobierno es impulsar el autoconsumo de los ciudadanos, a través de la eliminación del impuesto al sol y la simplificación de la tramitación. Este es uno de los componentes clave del Plan de Recuperación, con la aprobación de una línea de más 1.120 millones de euros en ayudas al autoconsumo, con la posibilidad también de añadir almacenamiento.
Además, el plan del Ejecutivo anticipa una mayor competencia en el sector eléctrico, destacando que en la última subasta de renovables acudieron 32 agentes diferentes, no solo unas pocas eléctricas. Dichas subastas incluyen un cupo específico para proyectos pequeños que cuentan con participación ciudadana y asimismo, el Plan de Recuperación incluye fondos que impulsan la participación social en proyectos energéticos.
En cuanto a la apuesta por la electrificación, otro de los puntos clave del plan del Gobierno, la medida estrella pasa por reducir la factura eléctrica con el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que actualmente se encuentra en tramitación, y que saca de la factura eléctrica una parte de los costes regulados.
Es decir, los consumidores eléctricos pagan ahora el 100% de los costes regulados y el objetivo del Gobierno es traspasarlos a las empresas que venden energía, ya sean eléctricas o dedicadas al gas o al petróleo.
Reducción de impuestos y protección de los más vulnerables
El segundo gran bloque incluye medidas coyunturales ya aprobadas por el Gobierno como la reducción de impuestos para abaratar el recibo mensual. En concreto, la reducción del IVA del 21% al 10% de forma temporal y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) del 7%.
Tal y como ya anunciaron en el momento de la aprobación de ambos recortes a los impuestos del recibo eléctrico, esto permitirá reducir la factura de la luz para el consumidor doméstico en un 12% frente al coste habitual. Unas medidas que ya benefician a más de 28,5 millones de consumidores. De hecho, la reducción del IVA al 10% ayuda a rebajar la factura del 98% de los hogares españoles y de 2,8 millones de empresas y negocios, aseguran desde el Gobierno.
El tercer gran bloque corresponde a la protección de los hogares más vulnerables, uno de los compromisos del Gobierno de coalición. En concreto, el Ejecutivo plantea la ampliación de la prohibición de los cortes de suministros, la ampliación de la base de beneficiarios del bono social eléctrico y la creación de un bono social térmico que protegerá a 1,2 millones de hogares.
De estos 1,2 millones de hogares, 599.751 se consideran vulnerables, 575.297 vulnerables severos, 8.514 vulnerables severos en riesgo de exclusión social y 6.477 corresponden a hogares afectados en situación de desempleo o ERTE, entre otros factores sociales.
Reducción de los sobrebeneficios de las eléctricas
Las medidas del Gobierno para abaratar el recibo de la luz de los consumidores no terminan aquí, sino que también incluye un gran bloque con el objetivo de evitar sobrebeneficios de las eléctricas. En este punto, el Ejecutivo recalca que España es el primer país en poner sobre la mesa una propuesta para reducir los ingresos derivados del “dividendo de carbono”, en otras palabras, las ganancias por cobrar la electricidad a un precio correspondiente a las emisiones de CO2 sin haber emitido ese CO2.
Desde el Ejecutivo aseguran que en el contexto de estos altos precios de la electricidad, se están produciendo sobrebeneficios en favor de grandes compañías con instalaciones anteriores a este sistema, es decir, que no se han puesto en marcha gracias al sistema pero sí se han beneficiado de él.
El cambio para reducir los ingresos derivados del “dividendo del carbono” -popularmente conocidos como “beneficios caídos del cielo”- supone la generación de alrededor de 650 millones de euros que, según las previsiones, revertirán directamente en los consumidores y no van directos a las cuentas de resultados de las grandes empresas, logrando un abaratamiento de la factura de la luz.
Con parte de esta recaudación, el Ejecutivo busca permitir que los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social dejen de pagar la factura eléctrica, en línea con las medidas del tercer bloque.
Críticas a la gestión del PP
Más allá de los bloques de medidas que pretende poner en marcha, o bien ya lo ha hecho, el Gobierno denuncia que las políticas del Partido Popular suponen un coste de al menos 1.600 millones de euros para España por la sentencia sobre el canon hidráulico. Además, el Ejecutivo critica que hay más de 9.000 millones de euros en arbitrajes internacionales por las medidas sobre las primas a las energías renovables, aprobadas por el Gobierno anterior.
Así, critican que el impuesto al sol del Partido Popular ha impedido que los consumidores ahorren generando su propia energía, un impacto que el Ejecutivo quiere revertir potenciando el autoconsumo; que el recorte a las energías renovables han terminado con demandas por valor de 10.000 millones de euros en los tribunales internacionales o que los nuevos impuestos energéticos como el canon hidroeléctrico están mal diseñados, con un coste de más de 1.400 millones que hay que devolver a las eléctricas.
Asimismo, desde el Gobierno denuncian que el PP apoyó a las centrales de carbón, con el consiguiente freno al cambio de modelo energético, y que el fuerte aumento del peso en la factura de la potencia contratada ha provocado que el recibo se haya encarecido para las familias, incluso reduciendo el consumo. Por otro lado, critican que los gobiernos populares no se tomaron en serio el cambio de modelo energético, sin una planificación a medio y largo plazo.