La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado hoy en su página web un documento titualdo "Opinión sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social", en la que analiza a fondo los problemas a corto y a largo plazo de la situación financiera del sistema público de pensiones. Según la AIReF, los análisis hechos hasta el momento sobre pensiones y Seguridad Social tenían "deficiencias" y "limitaciones", por lo que han decidido realizar análisis propios. Y el resultado de estos análisis arroja una primera conclusión: la crisis y los gastos derivados de ella han dejado en la Seguridad Social un déficit estructural de entre el 1,3 y 1,5% del PIB. Esto es: de alrededor de 17.500 millones de euros anuales.

El descenso en las cotizaciones debido al aumento del paro en los años de la crisis, más las bajadas de impuestos y el aumento del paro estructural, unidos a las veces que se ha usado la "hucha de las pensiones" para comprar la propia deuda del Estado por parte del PP y a que la Seguridad Social ha asumido gastos que no le son propios, han provocado una brecha por la cual sale más dinero del que entra. 

Las estimaciones de la AIReF prevén que en el futuro este déficit se incremente si no se aplican soluciones. Aunque propone dos tipos de medidas: a corto y a largo plazo. 

Que cada ministerio pague lo suyo

A corto plazo, la autoridad fiscal propone que los diferentes ministerios asuman gastos que ahora se cargan a la Seguridad Social. Tales como el funcionamiento burocrático de la propia Administración de la Seguridad Social, la reducción de cotizaciones para fomentar el empleo (que debería ser compensada con cargo al ministerio que las proponga), las subvenciones y las bajas por maternindad y paternidad. Esto, unido a la asunción por parte de la Administración de otros gastos que ahora se pagan con cargo a las cotizaciones, supondría un ahorro de más de 7.000 millones de euros anuales. 

Además, sugiere una subida de las cotizaciones, que bien pudiera ser el aumento del tipo máximo. Dado que a partir de cierto límite, los sueldos más altos -independientemente de su cuantía- cotizan todos al mismo tipo. 

Con respecto a las medidas a largo plazo, la entidad recomienda profundizar en la reforma de las pensiones de 2011 elaborada por el Gobierno de Zapatero, que tuvo el consenso de los agentes sociales. Esta profundización consistiría en aumentar la edad efectiva de jubilación y en elevar el cómputo de la carrera de cotización de los 25 años previstos para 2022 a 35 años. Esto permitiría que las pensiones resultantes fueran ligeramente más bajas, aunque permitirían poder actualizarse con el IPC y mantener un poder adquisitivo mayor que cuando el PP congeló la actualización de las pensiones.