Los jóvenes españoles tienen una situación social y económica peor que los de hace 30 años, según el primer Indicador Sintético de la Juventud (ISJ) de la Fundación PwC que mide cómo ha evolucionado el bienestar y las oportunidades de los jóvenes frente a generaciones anteriores. El índice, elaborado en colaboración con el Círculo de Empresarios, analiza por primera vez en España 39 variables económicas y sociales agrupadas en cuatro ámbitos: demografía, mercado de trabajo, educación y vivienda.
En concreto, el ISJ concluye que, tras una etapa de mejora a finales de los noventa y comienzos de los 2000, la crisis financiera e inmobiliaria de 2008 marcó un punto de inflexión y provocó un deterioro sostenido del indicador. Desde entonces, y pese a algunas mejoras parciales en los últimos años, los jóvenes aún no han recuperado la situación que tenían en 1995.
Ana Pelaez, presidenta de la Fundación PwC, manifestó que "la juventud española se enfrenta hoy a un escenario especialmente complejo. Las nuevas generaciones deben desenvolverse en un contexto socioeconómico marcado por dificultades estructurales que condicionan tanto su desarrollo personal como su trayectoria profesional. El Indicador Sintético de la Juventud nace para ofrecer una visión clara y accesible de las distintas realidades que atraviesa la juventud española y para facilitar su seguimiento en el tiempo”.
Por su parte, Jordi Esteve, socio responsable de Economics de Strategy&, la consultora estratégica de PwC, explicó que “el Indicador Sintético de la Juventud es una herramienta objetiva, replicable y actualizable, construida a partir de fuentes oficiales como el INE, el Banco de España y Eurostat con el propósito de ofrecer una visión global de la situación de la juventud española, señalar dónde se concentran las mayores dificultades y permitir seguir su evolución en el tiempo con una metodología comparable y rigurosa”. "Ante la compleja situación de la juventud española, el sector empresarial tiene que ser parte de la solución, por lo que hemos propuesto una batería de potenciales medidas accionables desde las empresas”, señaló.
La vivienda es, con diferencia, el principal factor de deterioro del indicador, al alcanzar los 78 puntos en 2024. El informe vincula este empeoramiento a la escasez de oferta, al desplome de las viviendas terminadas y al alza sostenida de los precios de compraventa y alquiler. Como consecuencia, el acceso a una vivienda se ha vuelto cada vez más difícil para los jóvenes: el informe remarca que un menor de 35 años necesita hoy 9,1 años completos de ingresos para comprar una vivienda, muy por encima de los 6,6 años que necesita una persona de entre 55 y 64 años. Esta presión económica retrasa la emancipación y ha convertido la vivienda en la principal barrera para mejorar la situación juvenil en España.
Junto a la vivienda, el ISJ identifica un deterioro también relevante en demografía. Esta dimensión alcanza los 21 puntos en 2024 y refleja la pérdida de peso de la población joven, la caída de la natalidad y un creciente desequilibrio intergeneracional. El informe detalla, por ejemplo, que el peso electoral de la población menor de 35 años ha pasado del 36% en 1990 al 22% en 2022 y podría caer al 20% en 2050, mientras que el cociente entre población menor de 25 años y mayor de 65 se ha reducido de 4,5 en 1971 a 1,2 en 2022. En la práctica, esta evolución reduce el peso demográfico, económico y político de los jóvenes y aumenta la carga que deberán soportar —a nivel tributario o de cotizaciones sociales— para sostener el Estado del Bienestar con una población cada vez más envejecida.
PRECARIEDAD DEL MERCADO LABORAL
En el ámbito del mercado de trabajo, aunque la situación ha mejorado respecto a los peores años de las últimas crisis económicas, persisten factores de precariedad que impiden una recuperación más sólida. En 2024 esta dimensión se sitúa en 10 puntos y sigue marcada por la contratación parcial involuntaria, la temporalidad y el pluriempleo.
Según Eurostat, la oficina estadística europea, la tasa de paro juvenil en la UE se situó en el 14,9% en 2024, mientras que en España el desempleo entre los menores de 25 años se situó ese mismo año en el 24,9%, según la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta brecha evidencia que existe aún una clara situación de desventaja frente al entorno europeo. El informe concluye que, aunque el empleo juvenil ha mejorado, la calidad del empleo continúa siendo uno de los principales frenos para cerrar la brecha generacional.
La educación es la única dimensión que mejora respecto a 1995, con -19 puntos en 2024. El informe atribuye esta evolución a los avances registrados en las últimas décadas. Por ejemplo, la proporción de jóvenes de 25 a 34 años con educación terciaria ha pasado del 16,3% en 1980 al 52% en 2024. Sin embargo, esa mejora convive también con importantes desajustes en el acceso al mercado laboral, ya que España presenta una tasa de sobrecualificación del 35,9%, la más alta entre los grandes países de la UE. El informe pone de manifiesto que la inserción laboral sigue siendo uno de los principales límites para consolidar el progreso educativo de la juventud española.
PROPUESTAS
A partir de este diagnóstico, el informe plantea propuestas concretas desde la perspectiva empresarial para actuar sobre las cuatro dimensiones analizadas. En el mercado de trabajo, el informe propone apoyar el emprendimiento joven, mejorar la definición de requisitos y habilidades en los procesos de selección y adaptar mejor las condiciones de entrada al mercado laboral, incluida la situación de los becarios. También plantea una mayor adaptación a los nuevos modelos laborales, con más flexibilidad y un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal, así como fórmulas de colaboración entre grandes empresas y pymes para compartir buenas prácticas, recursos y capacidad de atracción de talento.
En el ámbito de la educación, el documento apuesta por fomentar la capacidad de aprendizaje continuo (learnability) y las habilidades blandas (soft skills), reforzar la relación entre empresas y universidades e implicar más al tejido empresarial en la orientación académica desde etapas tempranas. Entre las propuestas concretas figuran también el impulso de la formación continua a lo largo de la carrera profesional, una relación más fluida entre empresa y sistema educativo y una mayor participación del ámbito empresarial en el diseño de políticas educativas y de empleabilidad.
En cuanto a la demografía, el informe plantea avanzar en planes de carrera más personalizados, fórmulas de mentoría intergeneracional y políticas de atracción y fidelización del talento joven. El objetivo es que las empresas puedan ofrecer carreras profesionales más atractivas, flexibles y alineadas con las expectativas de las nuevas generaciones, contribuyendo al mismo tiempo a reducir la fuga de talento y a mejorar las condiciones que favorecen la estabilidad, tanto vital como profesional, de los jóvenes.
Ante el problema de la vivienda, el documento propone combinar medidas empresariales y fórmulas de colaboración público-privada para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda asequible. Entre ellas, plantea impulsar el trabajo flexible para facilitar la residencia en zonas menos tensionadas, promover la deslocalización de los centros de actividad, desarrollar soluciones residenciales próximas a los centros de trabajo, favorecer modelos de vivienda compartida y estudiar avales para la compra de vivienda que ayuden a aliviar una de las principales barreras económicas de emancipación juvenil.
En conjunto, el informe pone de manifiesto que la situación de la juventud española exige respuestas integrales y sostenidas en el tiempo, y que, aunque es necesario contar con el impulso de las administraciones públicas, agentes sociales y la sociedad civil en su conjunto, el papel de las empresas será clave para complementar la acción pública e implementar soluciones eficaces en los ámbitos donde la brecha generacional es más profunda.
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