El Gobierno prepara una nueva modificación del impuesto sobre la renta para garantizar que los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) no tengan que pagar IRPF en 2027. Hacienda elevará la deducción que actualmente permite compensar la tributación de las rentas más bajas, desde los aproximadamente 590 euros actuales hasta una cuantía cercana a los 1.030 euros anuales. El ajuste pretende evitar que el incremento salarial previsto para el próximo ejercicio termine perdiendo parte de su efecto en las nóminas.
La medida responde al nuevo escenario retributivo que se abrirá en 2027. El Ministerio de Trabajo confirmó este jueves una subida del 5,3% del salario mínimo, que pasará de los 17.094 euros brutos anuales actuales a 18.004 euros, distribuidos en 14 pagas. Sin una modificación fiscal paralela, los trabajadores solteros y sin hijos, que cuentan con menos posibilidades de aplicar otras deducciones, acabarían soportando una factura superior a los 600 euros anuales.
El calendario también condiciona los movimientos del Ejecutivo. El periodo de alegaciones a la propuesta de Trabajo finaliza el 16 de noviembre, por lo que el Consejo de Ministros podría aprobar el nuevo SMI el día 17 o el 24. Después, Hacienda pretende trasladar los cambios fiscales al Congreso, donde deberán someterse al examen de la Diputación Permanente o de las nuevas Cortes si estas ya se han constituido.
Una factura fiscal que crece con el salario
Las cifras permiten observar el impacto de la modificación. Según explica Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, a El País, en 2026, un trabajador soltero sin hijos que cobra 17.094 euros anuales cotiza 1.111 euros a la Seguridad Social. Tras aplicar las reducciones por rendimientos del trabajo y los gastos deducibles, su base queda en 8.660 euros. Una vez descontado el mínimo personal y aplicada la escala correspondiente, el IRPF asciende a 591 euros, cantidad que se recupera posteriormente mediante la deducción en la declaración de la renta.
El próximo ejercicio, con el SMI en 18.004 euros, las cotizaciones alcanzarían los 1.174 euros y el rendimiento neto se situaría en 16.830 euros. La reducción por rendimientos del trabajo disminuiría hasta los 3.840 euros, dejando una base de 10.990 euros y una factura fiscal aproximada de 1.034 euros. Si se mantuviera la deducción actual, esta caería hasta los 409 euros y el trabajador terminaría pagando más de 600 euros.
De ahí que, para que la subida del salario mínimo llegue íntegra al bolsillo de los trabajadores, la deducción vigente tendría que ampliarse hasta aproximadamente los 1.030 euros.
Sindicatos y economistas reclaman una solución estable
La sucesión de ajustes anuales vuelve a alimentar las críticas de sindicatos y expertos fiscales. Miguel Ángel Vázquez, presidente del Consejo General de Economistas, considera necesario establecer un mecanismo automático que evite modificar la normativa cada vez que aumenta el salario mínimo. A su juicio, resulta más razonable impedir directamente las retenciones que obligar posteriormente a los trabajadores a presentar la declaración para recuperar el dinero.
CC OO y UGT también reclaman una reforma legal permanente que garantice que las subidas del SMI lleguen íntegramente a las nóminas. Los sindicatos consideran que no es aceptable depender cada año de soluciones coyunturales y advierten de que la fiscalidad puede penalizar también a quienes cobran salarios inmediatamente superiores.
El debate se produce en un contexto de expansión del salario mínimo, que alcanza ya a unos 2,5 millones de trabajadores y ha aumentado un 66% desde 2018. Los sindicatos consideran que su eventual tributación debería abordarse dentro de una reforma más amplia, que incluya una mayor aportación de las rentas altas. Mientras tanto, la polémica ha llegado también al terreno político después de que Alberto Núñez Feijóo acusara al Gobierno de beneficiarse fiscalmente de las subidas salariales, unas palabras que Arcadi España respondió defendiendo las rebajas del IRPF aplicadas a las rentas más bajas.
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