El franquismo vuelve a generar costes para España. En concreto, Hacienda devolverá 1.700 millones de euros a afiliados de las antiguas mutualidades del trabajo por aquellos impuestos que les cobraron de forma irregular entre los años 1967 y 1978. Las aportaciones para la jubilación que los contribuyentes afectados realizaron deberían haber estado exentas como las cotizaciones que los trabajadores del Régimen General de Seguridad Social realizaron durante esos días. En cambio, se las trató como rendimientos del trabajo.
Así lo indicó el Tribunal Supremo a través de una sentencia emitida el pasado mes de febrero. El impacto sobre las arcas públicas aún no estaba del todo clara porque era difícil estimar la cantidad de afectados y las cantidades concretas a devolver por parte de Hacienda, aunque sí que se esperaba que la cifra global fuese millonaria. Ahora, el sindicato de técnicos de hacienda, (Gestha) ha calculado que el total de afectados es de unos 4,8 millones de personas. Es decir, la mitad del total de trabajadores adscritos a las antiguas mutualidades del trabajo en diciembre del año 1978. Asimismo, los defensores de estos consideraban que las cuantías oscilan entre los 2.000 y los 4.000 euros por mutualista.
Con el cierre de la Cuenta General del Estado de 2023, Hacienda ha reservado unos 1.700 millones de euros para poder cubrir las "devoluciones por IRPF de pensionistas que realizaron aportaciones a mutualidades", tal y como indica el capítulo de provisiones dotadas por el Gobierno de España. Asimismo, dada la información sobre la gestión de la recaudación publicada mensualmente por la Agencia Tributaria, hasta el día 30 de junio de este 2024 el Ejecutivio ya había devuelto cerca de unos 708 millones de euros a los mutualistas correspondientes.
De igual forma, la Agencia Tributaria a facilitado un canal en su página web para que todos y cada uno de los mutualistas tenga la capacidad de acreditar tanto su condición como tales como aquellas aportaciones realizadas en su día. Asimismo, el organismo habría buscado aquella información disponible para para facilitar que se reconozcan los derechos de estos jubilados. Eso sí, teniendo en cuenta que se trata de pagos hechos hace entre unos 45 y 55 años, es muy difícil dar algún tipo de acreditación documental, que es necesaria para que se efectúe la devolución, Así, esto podría reducir los costes para las arcas públicas.
Otro revés judicial para las arcas públicas españolas
Sin embargo, estas devoluciones para los mutualistas afectados son una parte de aquellas deudas a las que le ministerio de hacienda debe hacer frente a los meses venideros. La gran acumulación de sentencias desfavorables contra este se han convertido en una preocupación para poder cuadrar las cuentas. Sobre todo, ahora que han vuelto las reglas fiscales de la Unión Europea que obligan a España a a cumplir con os objetivos de consolidación, acordados con Bruselas.
De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) indicó en su análisis sobre el potencial cumplimiento de España de cumplir con el objetivo de un déficit de menos del 3% del PIB a que se terminase de clarificar el impacto que estas sentencias tuviesen sobre el dinero público. En este ejercicio, la organización los cifró en unos 3.000 millones de euros.
Tal y como indican los datos publicados por Hacienda en la Cuenta General del Estado, la factura alcanzaría hasta los 4.000 millones de euros. Este es el resultado de sumar tres conjuntos de sentencias concretas. Por un lado, los 1.700 millones de euros de las devoluciones a los mutualistas. Por otro, también afectarían los cerca de 1.500 millones de euros de coste que probablemente supongan las devoluciones a los grandes operadores de telecomunicaciones del IAE. Y por último, se añaden los 1.2000 millones que Hacienda estima que supondrá la derogación del decreto de 2016 que supuso la mayor subida del Impuesto de Sociedades de la historia.
La incertidumbre que rodea a estas cifras es, asimismo, muy alta. No tanto en el caso de las telecos, sino en el de la reforma del Impuesto de Sociedades de 2016. Es decir, la que produjo el ex ministro Cristóbal Montoro en el mandato de mariano Rajoy. En esta se aprecia una fuerte diferencia entre el dinero que las empresas aspiran a recuperar, que son los 5.000 millones de euros, y lo que Hacienda espera que le cuesta, que son unos 1.200 millones de euros. Así, los reveses judiciales propiciados contra Hacienda ha terminado por ser un arma arrojadiza contra las arcas públicas y se ha deslizado un cálculo que estima entre 11.000 millones de euros el coste total que van a suponer para el Estado las sentencias contra las medidas aprobadas durante la época de Cristóbal Montoro.