En mitad de la crisis de la vivienda que atraviesa España, el Ministerio de Consumo ha asestado un golpe sin precedentes a Airbnb: 64 millones de euros de multa por permitir la publicación masiva de alojamientos turísticos sin licencia y por prácticas consideradas engañosas para los consumidores. La sanción, que ya es firme tras resolverse el recurso administrativo, afecta a 65.122 anuncios detectados en la plataforma y agota la vía administrativa.
La resolución ha sido dictada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, y considera que Airbnb incurrió en infracciones graves y leves de la normativa de consumo al mantener activos anuncios que no cumplían con los requisitos legales exigidos por la mayoría de las comunidades autónomas. Entre ellos, la obligación de mostrar el número de registro oficial de las viviendas turísticas en la publicidad.
Anuncios sin licencia y publicidad engañosa
Según detalla el expediente sancionador, la principal infracción consiste en la publicación de alojamientos turísticos sin licencia, así como en la inclusión de números de registro que no se corresponden con los utilizados por las administraciones competentes. A ello se suma la falta de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que Consumo califica como una práctica de publicidad engañosa hacia las personas consumidoras.
Por estos hechos se impone una sanción grave de 64.055.311 euros, una cantidad que el Ministerio justifica como seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en el que los anuncios irregulares permanecieron publicados, incluso después de haber sido apercibida por la Administración. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado previamente las órdenes de retirada dictadas por Consumo en distintos autos.
La resolución incluye también otras tres sanciones adicionales. Dos de ellas, calificadas como leves, conllevan multas de 10.000 euros cada una: una por incumplir las obligaciones de información en los contratos celebrados a distancia y otra por obstruir la labor inspectora, al no responder a los requerimientos realizados por el Ministerio durante la instrucción del expediente.
Además, Consumo impone una sanción grave de 55.000 euros por el incumplimiento de las medidas provisionales dictadas para evitar que las irregularidades detectadas siguieran causando perjuicios a los consumidores mientras se tramitaba el procedimiento administrativo.
Junto a las multas económicas, la resolución obliga a Airbnb a eliminar los contenidos ilícitos detectados y a hacer pública la sanción, como medidas accesorias destinadas a corregir los incumplimientos y reforzar la protección de los usuarios.
Vivienda y modelo de negocio
Desde el Ministerio enmarcan esta actuación en una estrategia más amplia para atajar las distorsiones del mercado de la vivienda, especialmente las vinculadas al auge del alquiler turístico. Consumo mantiene abiertos otros expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler residencial.
En este contexto, Pablo Bustinduy ha defendido la sanción como una cuestión de interés general. “Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha señalado el ministro, que ha subrayado que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.