El Gobierno ha dado luz verde a la compra del negocio de Vodafone en España por parte del fondo británico Zegona. Lo ha hecho este martes a través del Consejo de Ministros después de la aprobación de Bruselas y el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la adquisición, valorada en 5.000 millones de dólares. "El Consejo de Ministros ha autorizado la compra por parte de la empresa Zegona de Vodafone España", se ha limitado a decir el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al cónclave de los miembros de Moncloa. Eso sí, el Gobierno ha aceptado esta operación poniendo encima de la mesa tres condiciones.
Luz verde a la compra de Vodafone
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado su visto bueno a la venta del negocio de Vodafone en España. Una transacción que ya había sido autorizada con anterioridad por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por los accionistas de Zegona y que también superó el trámite relativo a la normativa de la Unión Europea (UE) sobre "subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior". De este modo, se cumplen los plazos establecidos por Zegona, cuyo objetivo era cerrar la operación en el primer semestre de este año. Con todo, el Gobierno lo ha hecho con condiciones, que pasan especialmente por el mantenimiento de las infraestructuras, los centros de trabajo y los activos estratégicos que actualmente tiene esta compañía en nuestro país.
Así, el acuerdo incluye una serie de compromisos que deberá adoptar el fondo británico, especializado en inversiones en empresas de tecnología y telecomunicaciones. La primera es mantener la inversión que hasta ahora ha venido haciendo la operadora con la pretensión de que sus infraestructuras tecnológicas no queden obsoletas ni desactualizadas. Se trata de una prioridad política del Ejecutivo con el objetivo de que España mantenga su posición de liderazgo en materia de telecomunicaciones, dado que cuenta con una de las mayores redes de fibra del continente y conexiones que, de hecho, están atrayendo grandes inversiones de gigantes tecnológicos, como Microsoft, Google o IBM.
Tres condiciones claras
La segunda de las condiciones está directamente relacionada con la estabilidad en las cifras de activos estratégicos que actualmente tiene Vodafone, como las torres de telecomunicaciones, mientras la tercera radica en los centros de trabajo especializados en mantener y gestionar esas infraestructuras y activos estratégicos, empleos que requieren alta cualificación. Uno de los más importantes es el centro europeo sobre nuevas tecnologías que la compañía ha establecido en Málaga, que por ahora solo cuenta con personal de Vodafone Intelligent Solutions, de su filial internacional. la intención de la cartera de Escrivá es tanto el mantenimiento como el refuerzo de centros de I+D como este así como de las plantillas.
"El sector de las telecomunicaciones se encuentra en un momento de profunda reorganización, y es obligación de los poderes públicos garantizar que este servicio estratégico no solo esté asegurado, sino que salga reforzado cuando se produce una operación empresarial de alcance", ha dicho el ministro para sostener que "con los compromisos asumidos por el comprador", están "convencidos de que el liderazgo de España en conectividad podrá consolidarse". La aceptación de estas tres condiciones por parte de Zegona va a suponer el desbloqueo de una operación anunciada el pasado 31 de octubre y que permite al fondo seguir utilizando la marca Vodafone en España durante al menos una década.
Fuentes de Moncloa aseguran que estas inversiones, "especialmente las dirigidas al desarrollo del 5G", van a permitir a España "consolidar su posición a la vanguardia europea en conectividad, beneficiando a los ciudadanos y empresas, al impulsar el desarrollo tecnológico del país". "Además, Zegona también se ha comprometido a mantener los contratos relevantes con la Administración General del Estado y a mantener estabilidad en los activos estratégicos de la compañía", recogen en una nota de prensa. La venta se daba por hecha pero el Ejecutivo ha seguido muy de cerca la operación a la luz de la Ley de Telecomunicaciones, que califica este sector como estratégico para la economía española.
Esta operación se produce en medio de un momento convulso, por ejemplo, con la fusión entre Orange y MásMóvil para formar el mayor operador del mercado. También por el desembarco de la empresa pública de telecomunicaciones saudí STC en Telefónica, lo que provocó la entrada del Estado en el accionariado de esta compañía. "España tiene un control riguroso sobre el control de las inversiones extranjeras que equilibra las garantías de seguridad pública con un marco estable y predecible que continúa atrayendo la inversión exterior, que es fuente de crecimiento y empleo", recoge igualmente el comunicado del Gobierno para justificar este movimiento.
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