El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto Ley que amplía hasta el 30 de junio la posibilidad de suscripción de los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y, además, extiende el periodo de carencia en 24 meses más. Así, empresas, pymes y autónomos tienen hasta dos años más para devolver los préstamos del ICO.  

Además, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado la ampliación del plazo máximo de los créditos avalados, por lo que los clientes que lo soliciten pueden ver sus créditos alargados hasta un máximo de ocho años y no tienen que estar en concurso de acreedores o su préstamo en mora.

Calviño ha anunciado un paquete de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y en materia tributaria que refuerzan la red de seguridad del Gobierno desde el mes de marzo, con tres prioridades clave: “proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares frente a la crisis que ha causado la pandemia del Covid”.

El objetivo, según la responsable, es “dar respuesta a los posibles problemas de solvencia que puedan ir apareciendo en aras de evitar que empresas que son perfectamente viables puedan acabar teniendo que cerrar por problemas temporales de solvencia, derivados de caídas transitorias derivados de la actividad económica”.

El Consejo de Ministros ha aprobado también que las entidades financieras mantengan los límites de las líneas de circulante de los créditos ICO hasta el 30 de junio, que no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de otros productos a sus clientes. Además, deberán responder a las solicitudes de ampliación en un máximo de 30 días.

En línea con esto, se ha aprobado la rebaja de los aranceles notariales y registrales para formalizar las operaciones de ampliación y el Gobierno autoriza al ICO al acceso a la información del Banco de España para agilizar la información de los impagados de las entidades financieras.

Apoyo a las pymes y la exportación

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el acceso a la línea de avales a los pagarés que se comercializan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), así como el acceso de las empresas a fuentes de financiación alternativas a las bancarias, para lo que aumenta el umbral de 500 a 1.000 euros.

A partir de aquí, las empresas deben pasar del Mercado Alternativo Bursátil para pymes en expansión al Mercado Continuo. El objetivo, según Calviño es que los mercados de pymes en expansión “sean más líquidos y profundos” y “más atractivos y eficaces en la financiación de empresas y para los inversores”.

Calviño también ha anunciado el refuerzo del apoyo a las empresas exportadoras a través de CESCE, con varias medidas. En primer lugar, con la creación de una línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante, por 1.000 millones de euros; seguida de la ampliación en 100 millones de la línea especial de avales y circulantes para pymes y empresas no cotizadas y una nueva línea de avales para empresas cotizadas por un importe de 1.000 millones, con vigencia hasta diciembre de 2021.

Además, con respecto a los procedimientos concursales, el Gobierno ha aprobado extender hasta el 14 de marzo la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores y la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes. Asimismo, ha prolongado hasta el 31 de enero las previsiones de que los jueces inadmitan a trámite las solicitudes de incumplimiento de convenios de acreedores y de acuerdos de refinanciación.

Calviño ha anunciado otras modificaciones como la añadida en la inversión en sectores estratégicos por parte de terceros países, hasta el 30 de junio, con la autorización previa para invertir en sociedades cotizadas o inversiones superiores a 500 millones de euros en sociedades no cotizadas.

El Consejo de Ministros ha aprobado otras medidas como la regulación de la CNMV con otros órganos de gobernanza económica, por la que los directivos continuarán ejerciendo funciones hasta nuevos nombramientos o el aplazamiento para el cambio de pesetas por euros en el Banco de España hasta junio de 2021.

6.000 millones de euros para la Seguridad Social

Por otro lado, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, ha anunciado la bajada del IVA de las mascarillas del 21% al 4%, además de la aprobación de un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social.

En esta misma línea, el Consejo de Ministros ha aprobado un crédito extraordinario de 2.300 millones de euros para financiar el presupuesto del SEPE, a raíz del mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios por desempleos, como puede ser el nuevo subsidio para empleadas de hogar o la prestación para aquellos que la hubieran agotado durante el estado de alarma.

Montero también ha anunciado la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REFC), para adaptar dos ayudas a la prórroga de la Unión Europea vigentes para 2014-2020. La medida pasa por ampliar elementos que garanticen la operatividad y hasta el 31 de diciembre de 2021 se amplía la reserva por inversiones en Canarias y la inscripción en el registro de la Zona Especial de Canarias.

Además, ha avanzado la modificación del Impuesto de Sociedades para la deducción por inversiones en producción extranjera de películas y obras audiovisuales, también en la fase de producción, para dinamizar este mercado. Se trata de una medida ajustada a la normativa comunitaria y un “aliciente para la cultura”, según Montero, que se aplicará siempre que los importes de la deducción no superen las cuantías previstas por la normativa europea.

Con respecto al Pacto de Estado en violencia de género, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto para actualizar los criterios y el procedimiento de la distribución de las transferencias a ayuntamientos, con una dotación de 20 millones de euros para la Secretaría de Estado de Igualdad. El plan consiste en adaptar la distribución a la realidad poblacional y tener una mejor adaptación de los fondos al censo, además de intentar institucionalizar el Pacto para blindar las políticas de violencia de género.

Por último, el Gobierno ha aprobado un nuevo plan de ayudas de 148 millones de euros para la contratación de investigadores que financiarán e incentivarán la formación en I+D+i, con aumento del 30% de los programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal. Además, se otorgarán ayudas para personal técnico, incorporación a empresas de doctores y doctorados industriales, con el objetivo de fortalecer los contratos, aumentar el personal de investigación y la inserción laboral.