El Gobierno da comienzo a la última semana de julio con dos mesas de negociación en las que abordará, junto con los sindicatos y las patronales, dos temáticas clave para esta legislatura: los tiempos de trabajo y la continúa reforma de las pensiones. La primera de las temáticas, dependiente de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es la que está generando más discrepancias entre las partes; mientras que la guiada por la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, capitaneada por Elma Saiz, se acerca a un principio de acuerdo.
Reducción de la jornada laboral
El intercambio de acusaciones y agravios entre los representantes empresariales, Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Cepyme, y las personalidades del Ministerio de Trabajo parecen haber cesado en pro de la consecución de un acuerdo. Los sindicatos, UGT y CCOO, se desesperan, a expensas de que el Ejecutivo cumpla su promesa de reducir la jornada laboral hasta las 38,5 horas este año, 37,5 horas el próximo, y podrían dejar de ser el único actor que no ha afrontado hasta el momento una posición beligerante.
Los últimos movimientos apuntan a que el equipo de Díaz ha cedido y ha ofertado a las patronales no modificar nada de cara a este curso y adecuar la jornada a las 37,5 horas comprometidas de forma progresiva en 2025, en vez de hacerlo nada más dar comienzo el año. Esta “mayor flexibilidad”, que Trabajo pretende presentar como una mínima cesión, no garantiza que las patronales se suman al acuerdo, pero el Gobierno considera que deslegitimaría la negativa al no existir otras “objeciones de calado”.
No obstante, el departamento liderado por Díaz insiste en sumar a las organizaciones empresariales al acuerdo y plantea el abordaje de varios ejes con diferentes propuestas. La principal, la incorporación paulatina de la reducción de jornada a lo largo de 2025, podría realizarse "introduciendo más permisos adicionales o más vacaciones" u otro tipo de medidas, trasladan. Además, también se debate un mayor margen para la distribución irregular de la jornada laboral y la profundización en el derecho a la desconexión digital, ya contemplado en el reglamento laboral.
Todas las cesiones presentadas son justificadas para el Ministerio de cara a alcanzar “un acuerdo de país que tenga vigencia durante varias décadas y que sea realmente efectivo” que, además, huya de “medidas 'fake' y de bisutería". Así lo ha trasladado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, uno de los más duros con la patronal. "Una medida tan importante como esta, de carácter estructural, debe contar con el sello de los interlocutores sociales”, ha añadido, justificando así "apurar al máximo los márgenes temporales”.
Sin embargo, los tiempos y la falta de decisión de Trabajo desespera a los sindicatos. “No vamos a dejar caer un acuerdo en el contexto de confianza y construcción recíproca”, garantiza Pérez Rey, pero UGT y CCOO están hartos de que no se cumpla con una modificación prometida por el Gobierno, y contemplada en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Sumar, y han anunciado que se producirán protestas tras el verano.
"La negociación ha entrado en bucle y va a haber movilizaciones en septiembre. O sea, yo no veo otro escenario porque en este momento los movimientos que hace el Gobierno todavía no han producido ningún cambio de posición en CEOE", han trasladado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. El líder sindical ha ido más allá, asegurando que no ve posible “ninguna posibilidad de acuerdo”. "La razón es que CEOE todavía no ha dicho explícitamente que esté por la labor de negociar una reducción del tiempo de trabajo", ha recordado.
Abordaje de las pensiones
Mientras el Ministerio de Trabajo mantiene esta lucha, su homólogo de Seguridad Social parece más cerca de alcanzar un acuerdo en materia de pensiones. Este lunes, el equipo de Saiz se reunirá de nuevo con organizaciones sindicales y empresariales para certificar el consenso en torno a la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social, los coeficientes reductores en actividades penosas y peligrosas a establecer para anticipar la jubilación, la recuperación del coeficiente multiplicador del 1,5 en trabajadores fijos discontinuos y la compatibilidad entre el trabajo y la pensión, entre otras muchas.
Sin embargo, la jubilación parcial general, que el Gobierno ha propuesto ampliar de dos a tres años, está generando discrepancias. En su momento, UGT señaló que la “contrapartida” de esta mayor anticipación era la exigencia de una cotización de 38 años y medio, aspecto que desapareció en el siguiente encuentro. Ahora, desde los sindicatos ponen en cuarentena el posible acuerdo por el planteamiento del Ejecutivo de aumentar a 34 años el requisito de acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo en lugar de los 33 actuales.
"Eso tiene una afectación a un número de gente limitado, ciertamente, pero son muy mayoritariamente mujeres y por tanto los elementos que tienen sesgo de género para nosotros hemos planteado que no tienen ningún sentido", ha denunciado Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. Asimismo, desde el organismo exigen que la persona que de el relevo debe contar con un empleo de “calidad”; es decir, “con un contrato indefinido, a tiempo completo, en un puesto de trabajo no amortizable y con una base de cotización que mejoraba la anterior".