El gasto autonómico en servicios públicos esenciales, es decir, sanidad, educación y servicios sociales, se redujo en 2019 por primera vez en seis años. En concreto, cayó un 0,1% con respecto a la cifra de gasto de 2018, hasta los 116.850,5 millones de euros, según las cifras publicadas este miércoles por la asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El descenso supone el fin de los aumentos en gasto autonómico que venían produciéndose desde 2014, una tendencia al alza que se paraliza en 2019. Además, el informe pone de relieve que Cataluña (19,6%) y Castilla-La Mancha (15,4%) son las comunidades con mayor recorte en porcentajes desde 2009.
"La ausencia de Presupuestos Generales del Estado ha lastrado la tendencia de recuperación del gasto en políticas sociales poniéndola en grave peligro", alerta la asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El informe explica que los recortes en políticas sociales tras la crisis económica de 2012 supusieron que en 2013 se registrara el nivel más bajo de gasto autonómico en servicios esenciales, por debajo de los 100.000 millones de euros.
A partir de aquí, en 2014, y hasta 2018 se han ido registrando aumentos en el gasto autonómico. Sin embargo, advierten de que la recuperación del gasto en políticas sociales es “deficitaria” ya que la cifra de 2019, 116.850,5 millones de euros, es menor que la cifra de hace una década, 116.851,7 millones.
Solo el gasto en servicios sociales se encuentra en niveles previos a los recortes
En cuanto a la inversión en servicios sociales, en la última década se ha aumentado en 2.132,6 millones de euros, es decir, una subida de un 70% que la asociación advierte que "está en un claro riesgo tras la aprobación del ingreso mínimo vital".
"Tras la aprobación del IMV, las comunidades autónomas podrían caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales", alerta la asociación.
De hecho, solo el gasto en servicios sociales ha recuperado el nivel previo a los recortes, argumentado con dos razones: "La atención a la dependencia, que se encontraba en pleno despliegue en 2009 y la necesaria atención a cientos de miles de personas y familias especialmente golpeadas por la crisis". Sin embargo, para la asociación sigue siendo “insuficiente”.
Por otro lado, el informe analiza el porcentaje del presupuesto destinado a protección social, en el 60,6% en 2019 frente al 66,9% de 2009. "Esto pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado", denuncia la asociación.
Además, el “continuo” aumento de la cantidad del presupuesto destinado a pagar la deuda de las comunidades autónomas complica la situación. Una deuda que actualmente está cerca de los 300.000 millones de euros, alrededor de los 6.500 euros por habitante.
Comunidad Valenciana y Baleares, las mejores en gasto social
Por comunidades, doce de ellas han logrado superar en 2019 el gasto social por habitante de 2009. En el lado positivo, la Comunidad Valenciana es la mejor parada, con el mayor aumento en su inversión en políticas sociales (1.656 millones de euros), mientras que Islas Baleares es la que mayor porcentaje obtiene en la década, un 24,8%.
Sin embargo, todas las comunidades autónomas salvo Navarra (+7,5%) y Asturias (+4,3%) han reducido el porcentaje de presupuesto que destinan a Políticas Sociales. Además, cinco de ellas, Madrid, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña, han disminuido también la inversión por habitante.
La crisis del coronavirus también ha tenido un efecto sobre el gasto en los servicios públicos esenciales, tal y como alerta el informe. De hecho, la asociación asegura que estos servicios se encuentran en una situación “precaria”.
"Con estos servicios públicos esenciales debilitados hemos tenido que afrontar esta crisis social y sanitaria. La pregunta sería cómo hubiéramos abordado la crisis del COVID-19 con unos presupuestos autonómicos con unos servicios esenciales fuertes, en los que la inversión hubiera sido superior", explican.
Ante esta situación, hacen un llamamiento al “blindaje presupuestario” de la sanidad, educación y servicios sociales; así como poner en marcha “fórmulas urgentes” que permitan a las comunidades autónomas continuar prestando estos servicios.
"En un escenario político tan grave como el actual; con unas posturas tan extremadas (que parece han venido para quedarse), el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política", critica la asociación.