Según informa este lunes El Confidencial, el contrato del comisario José Manuel Villarejo para el espionaje de personajes políticos fue ordenado desde la cúpula actual de Iberdrola. Una investigación de la propia empresa revela como responsables de la contratación de los servicios de vigilancia al actual presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Así, según un acta con fecha 1 de diciembre de 2004, la Dirección de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola abrió un expediente sobre “ciertas actividades anómalas realizadas por la Dirección de Seguridad”. Se trata de la Operación Arrow, un proyecto para eliminar la oposición municipal necesaria para construir una central en Arcos de la Frontera (Cádiz) por 900 millones de euros.

Según las informaciones publicadas, este trabajo fue encargado directamente por Ignacio Sánchez Galán, presidente del grupo, además de ser conocido por varios altos directivos como Francisco Martínez Córcoles, el número dos de la energética a día de hoy.

En el documento aparece la fecha 27 de mayo de 2004 como el primer momento en el que Antonio Asenjo, director del área de Seguridad y la persona que aparece en las grabaciones, solicita una reunión “urgentemente” con la Dirección de Control de Funciones Corporativas para arreglar “un asunto que no puede solucionar”. Tras varios intentos, acuerdan verse el 31 de mayo en las oficinas de Madrid.

“Iberdrola (Ignacio S. Galán) le ha ordenado realizar unos trabajos de vigilancia especiales relacionados con la unidad de Generación”

En ese momento, y según especifica el informe, Antonio Asenjo asegura: “Iberdrola (Ignacio S. Galán) le ha ordenado realizar unos trabajos de vigilancia especiales relacionados con la unidad de Generación”, división de la que dependía el proyecto de Arcos de la Frontera. La central había sido paralizada en varias ocasiones, tanto por el Gobierno local y el Ejecutivo andaluz, en ese momento bajo el mandato del PSOE, y por numerosas organizaciones ecologistas.

Ante esto, según El Confidencial, Iberdrola asegura “no tener constancia de la existencia del expediente, porque nunca llegó ni al departamento de Cumplimiento, ni al de Autoría ni al de Control”.

En la misma factura se especifica que el jefe de Seguridad explicó cómo se iban a realizar los trabajos: “Los trabajos se van a realizar a través de Casesa [Castellana de Seguridad], proveedor de Iberdrola”. Sin embargo, en un encuentro posterior Asenjo avisaba que esas facturas a Casesa se tramitaban para no descubrir la identidad del destinatario final del dinero.

“No son por servicios prestados por esta sociedad, sino que son pagos a un tercero a quien Iberdrola no puede pagar directamente”, explica el informe. Asenjo, despedido de Iberdrola tras la publicación de las primeras grabaciones con Villarejo, afirmaba que “hay un presupuesto aprobado para estos trabajos (Proyecto Arrow), con un pago inicial de 210.000 euros y uno posterior de 100.000 euros o más”.

Mientras se celebraban estas reuniones entre Asenjo y la Dirección del Control de Funciones, en mayo de 2004, los trabajos ya estaban realizándose y Asenjo entrega en ese momento la primera parte de las facturas, por un importe de 210.000 euros. Según El Confidencial, el pago fue inmediatamente comunicado a Pablo Insunza, el actual directivo del área de Administración y Control de Iberdrola para transmitirlo al Departamento de Seguridad.

Los trabajos habrían supuesto 41.500 más sobre el presupuesto inicial

Meses después, entre julio y septiembre, Antonio Asenjo comunica que tiene un par de facturas más por 71.500 y 70.000 euros. De esta forma, los trabajos habrían supuesto 41.500 euros más sobre el presupuesto inicialmente planeado. Además de la factura del 1 de diciembre de 2004, El Confidencial también ha descubierto otras facturas abonadas a Casesa por la revisión de ambientes, líneas telefónicas, RAC y oficinas.

Según el expediente, el responsable de Seguridad asegura que “Iberdrola no quiere que se identifique a Generación con dichos trabajos” y enfatiza que “el trabajo a realizar es conocido únicamente por I. S. Galán, F. Mtz. Córcoles, Fernando Becker” y el propio director de Seguridad, y que “es totalmente confidencial”.

En 2004, Ignacio Galán era todavía consejero delegado de Iberdrola y Martínez Córcoles era el director general de Generación y Becker, actual consejero de El Corte Inglés y responsable de Servicios Generales, del que dependía Seguridad.

La revelación fue transmitida a José Luis San Pedro, en ese momento director general de Control, Regulación y Servicios, persona tradicionalmente vinculada a Iberdrola, que en 2011 fue ascendido a número dos del grupo. El Confidencial asegura que desconoce cómo reaccionó al expediente pero la compañía siguió contratando los servicios de Villarejo hasta 2017.