El Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo le da la razón al grupo sindical UGT por sobre España: la regulación de las indemnizaciones por despidos improcedentes en España no cumple con la Carta Social Europea. "No es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos injustificadamente y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores”, argumentó esta institución. Así lo ha indicado en el fallo, que abre la puerta a que el Gobierno de España emprenda una reforma que elimine el tope máximo de 24 mensualidades y fije un mínimo de seis. Este es el único punto que seguía vigente tras la reforma laboral del 2022, que ya se encontraba en la que había realizado en el pasado el PP.
Tal y como ha esgrimido el sindicato en una rueda de prensa de este lunes 22 de julio, la resolución del organismo señala que la indemnización vigente es injusta y no disuade lo suficiente a las empresas de despedir. En la actualidad, las indemnizaciones por despido improcedentes son de 33 días por año trabajado con un tope máximo de 24 mensualidades. La modificación legal, entonces, buscaría eliminar ese tope de dos años o que "lo eleve significativamente".
Como consecuencia de esto, supondría un aumento en los costes del despido de los trabajadores que, a su vez, las empresas no podrían conocer de antemano. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha argumentado que el empresario no puede conocer "previamente" la indemnización por despido, ya que pide que se perfilen en función de características personales de los despidos. Este es el caso de "la situación económica, si tiene personas a su cargo o no y que edades tienen, si está en alquiler o no, los riesgos de vulnerabilidad relacionados con discapacidad o violencia machista".
De igual forma, desde UGT han solicitado recuperar los salarios de tramitación. Es decir, aquellos que percibía el trabajador en el periodo que va desde que se efectuaba el despido hasta que se producía la resolución judicial correspondiente. De esta forma, la idea sería "asegurar" que los empleados no sufran "pérdidas financieras" durante estos procesos judiciales.
Tal y como han criticado desde el sindicato socialista: "Algunos sectores se han planteado el carácter vinculante o no de la decisión". Y han recalcado que esta es, en efecto, de carácter vinculante, de forma que el Gobierno de España está obligado a cambiar la normativa respecto a las indemnizaciones por despidos improcedentes en el país. De igual forma, tanto el PSOE como Sumar se comprometieron a adaptar la normativa al criterio establecido por dicho comité.
Trabajo llamará a los agentes sociales para llevar a cabo la reforma
Durante la rueda de prensa, Pepe Álvarez esgrimió: "Lo razonable sería que el Gobierno, los empresarios, los sindicatos pudiéramos sentarnos y ver si merece la pena hacer una adaptación española a esta resolución". En eso parece que coincide el Ejecutivo. La vicepresidenta segunda y ministra de trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que convocará a los agentes sociales para pactar cambios en la indemnización por despido.
“Es un elemento más que va a ser susceptible de reforma y que además lo será, como siempre, en la mesa de diálogo social y acomodando a la legislación europea", ha esgrimido Díaz durante el anuncio. El fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales cobra importancia, además, para que se garantice uno de los acuerdos entre los dos partidos de la coalición, que busca precisamente asegurar que se cumpla la Carta Social Europea.
Sin embargo, desde UGT dudan de la voluntad de todas las partes de llegar a un acuerdo después de esta resolución. En concreto, de los empresarios españoles. "La CEOE puede negarla y pensar que este proceso judicial puede tener para ellos alguna rentabilidad", ha puntualizado Álvarez en su intervención. En cambio, ha esgrimido que es una "responsabilidad" el dar la posibilidad a los trabajadores que esta medida se introduzca en la legislación española.
Eso sí, incluso si no se llega a un acuerdo entre gobierno y agentes sociales, ya hay tribunales en el país que están teniendo en cuenta la obligación de España de cumplir con la Carta Social Europea y que ya han otorgado indemnizaciones por encima del tope vigente. "A nosotros no nos importa ir juzgado a juzgado, litigio a litigio, discutiendo todas estas cuestiones", ha comentado Álvarez en la rueda de prensa.