España y otras cuatro potencias europeas urgen a Bruselas a gravar los beneficios de las energéticas

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía de España, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal, ha solicitado a la Comisión Europea la creación de un nuevo impuesto que grave los beneficios extraordinarios de las energéticas. A través de una misiva firmada por los cinco responsables del ramo, urgen a Bruselas a adoptar esta medida para amortiguar el impacto económico devengado del encarecimiento del petróleo en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La carta, con fecha de 3 de abril y adelantada por El País y Cinco Días, la firma Cuerpo en coordinación con los titulares de las carteras del ramo de los otros cuatro países mencionados. Instan al Comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, a desplegar una cobertura comunitaria con el objetivo de evitar que las consecuencias de la guerra de Trump y Netanyahu recaigan en los bolsillos de los consumidores y de las cuentas públicas. Los cinco firmantes asumen que la volatilidad del mercado, agravada por el conflicto geopolítico en Oriente Próximo, generará beneficios extraordinarios en las empresas del sector. Por lo tanto, a su juicio, éstos han de ser objeto de una fiscalidad específica.

La propuesta cuenta con el beneplácito de Carlos Cuerpo, junto con sus homólogos Giancarlo Giorgetti (Italia), Joaquim Miranda Sarmento (Portugal), Lars Klingbeil (Alemania) y Markus Marterbauer (Austria). Los cinco países defienden que la coyuntura geopolítica actual precisa de una intervención rápida y medida por parte de Bruselas con el fin de corregir cualquier tipo de distorsión en el mercado energético.

Invasión de Ucrania como precedente

En el documento, los cinco firmantes adoptan como referencia el mecanismo que aprobó la Unión Europea en el contexto de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Dicha herramienta descansaba sobre el reglamento comunitario de emergencia y delimitó una contribución temporal en concepto de solidaridad sobre los beneficios de las empresas petroleras y gasistas que excedían determinados umbrales con respecto a ejercicios fiscales anteriores.

Así, entienden que un escenario de tensión constante en Oriente Próximo presenta similitudes suficientes como para justificar la reactivación – o creación – de un instrumento similar. Las intervenciones militares del eje Estados Unidos - Israel en Irán han derivado en una inestabilidad en los mercados energéticos que, a su vez, han repercutido en un repunte de los precios del sector. Dinámicas que, a su juicio, ya se contemplaron tras el inicio de la guerra en Ucrania.

Esta ocasión, sin embargo, presenta un elemento diferencial con respecto a 2022. La propuesta de los cinco ministros comunitarios incorpora la posibilidad de incluir en el gravamen los beneficios obtenidos fuera de las fronteras de la Unión por parte de las multinacionales del sector. El enfoque busca rellenar oquedades fiscales y asegurar que dichas compañías no eludan la contribución a través de estructuras internacionales.

Mensaje de cohesión

Tecnicismos aparte, Cuerpo y el resto de firmantes reparan en la necesidad de lanzar un mensaje político claro de los Veintisiete. Consideran que una respuesta conjunta reforzaría la percepción de unidad en el seno de la Unión Europea y proyectaría la capacidad de acción de los Estados miembros ante situaciones de crisis. Máxime en un contexto de volatilidad extrema, marcado por las amenazas de Donald Trump a sus socios europeos de la OTAN por la falta de apoyo – a su juicio – en su guerra con Irán; al margen de una cruzada arancelaria en stand by.

El planteamiento, además, incorpora una dimensión de calado social al argumentar que, en un contexto de guerra y tensiones geopolíticas, es imperativo que quienes se beneficien del encarecimiento de la energía contribuyan a mitigar sus efectos sobre el conjunto de los ciudadanos. La iniciativa – insisten – permitiría redistribuir parte de los beneficios extraordinarios a políticas de apoyo a hogares y empresas de menor rango.

El movimiento de estas cincos potencias se registra tras las conversaciones mantenidas en el seno del Eurogrupo el pasado 27 de marzo, cuando los titulares de Finanzas de la Eurozona abordaron la necesidad de preservar la estabilidad fiscal sin renunciar a escudos sociales. Los debates alumbraron el disenso en lo relativo a la compatibilización del control del déficit con la adopción de iniciativas expansivas en un contexto de inflación persistente.

En este sentido, los ingresos derivados de un nuevo gravamen a las energéticas desempeñarían un papel crucial, habida cuenta de que permitirían la financiación de sistemas de alivio sin incrementar el endeudamiento público y, a su vez, contribuyendo a contener la presión inflacionista. En cualquiera de los casos, la Comisión Europea ya mostró su predisposición a analizar la propuesta con la rapidez que requiere el contexto internacional. Por lo tanto, la pelota ahora está en el tejado de los técnicos de Bruselas, que deberán evaluar la viabilidad jurídica de dicha herramienta, así como su encaje en el ordenamiento normativo comunitario.

La inspiración del gravamen

En términos puramente técnicos, la propuesta de los cinco países firmantes bebe del Reglamento 2022/1854, activado tras la invasión de Ucrania. Tal normativa delimitó la contribución de solidaridad obligatoria del 33% sobre los beneficios de petroleras y gasistas que superaran en más de un 20% la media de los cuatro años previos en dichas partidas. En el escrito, de hecho, refuerzan su iniciativa al recordar que el precedente garantiza seguridad jurídica para actuar con rapidez ante la volatilidad del mercado del crudo.

Así, el espíritu de esta herramienta pretende la captura de los excedentes de las multinacionales para financiar políticas expansivas de alivio directo a particulares y empresas. Según reza el texto remitido a la Comisión, la aplicación del instrumento permitiría suprimir la presión inflacionista sin comprometer las cuentas públicas de los Estados miembros. De hecho, destacan que también busca corregir distorsiones del mercado que permitan a las energéticas canalizar el alza de precios mientras las economías asumen el coste de la crisis.

Situación en España

Mientras tanto, a nivel estatal, el Gobierno de Pedro Sánchez ya tomó medidas a modo de real decreto para reducir el impacto inflacionista de los carburantes. Según expone El País, aludiendo al Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio del litro de gasolina se sitúa en el umbral de los 1,557 euros. Es decir, una caída de 17 céntimos con respecto a la semana previa. El gasóleo, por su parte, se frena en los 1,777 euros tras una bajada de 11 céntimos.

El alivio en los carburantes se encuadra en el primer paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros – y refrendado por el Congreso – que recorta el IVA de los combustibles del 21 al 10%, así como la reducción del impuesto sobre los hidrocarburos. Las cifras que manejan en Moncloa ascienden a 5.000 millones de coste total, tal y como reiteró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras dar luz verde al real decreto del escudo social.