Renfe mantiene intacto su objetivo de crear una sociedad participada de transporte por carretera pese a que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) haya anulado el procedimiento de licitación impulsado por la compañía para poner en marcha este proyecto. La resolución del órgano administrativo obliga a retrotraer las actuaciones y modificar diversos aspectos del concurso, pero la empresa pública insiste en que no supone el abandono de una iniciativa que considera estratégica para mejorar la atención a los viajeros.
La decisión del TACRC pone fin, por el momento, al macroconcurso valorado en 923 millones de euros con el que Renfe pretendía constituir una filial de autobuses. El tribunal estimó íntegramente los recursos presentados por las patronales ANETRA y FENADISMER, que denunciaban que las condiciones de la licitación dificultaban la participación de la práctica totalidad del sector, formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos.
Tras conocerse el fallo, Renfe ha señalado que estudiará el contenido de la resolución y adaptará el procedimiento administrativo a las observaciones realizadas por el tribunal. La compañía revisará el pliego de condiciones y retrotraerá las actuaciones al momento procesal que determine el órgano competente con el objetivo de corregir los aspectos señalados.
Pese al revés sufrido, la operadora ferroviaria insiste en que la futura sociedad de autobuses continúa siendo una pieza clave de su estrategia. Según explica, el objetivo no es competir con las empresas del transporte por carretera, sino disponer de una capacidad suficiente para atender a los viajeros cuando se produzcan incidencias ferroviarias o grandes obras en la red que obliguen a activar planes alternativos de transporte.
Renfe sostiene que actualmente es la única operadora ferroviaria que garantiza la movilidad de los pasajeros en este tipo de situaciones y considera que el sistema basado en contrataciones puntuales y de urgencia resulta insuficiente para responder al aumento de las necesidades derivadas de las actuaciones previstas en la red ferroviaria.
Los estudios internos de la compañía apuntan a que, en los próximos años, podrían llegar a ser necesarios hasta 300 autobuses para cubrir los distintos planes alternativos de transporte que se activen en todo el país. Además, estima que la creación de esta sociedad permitiría reducir significativamente las dificultades operativas actuales y generar un ahorro de entre 90 y 130 millones de euros durante la próxima década, gracias a una gestión más eficiente de los recursos destinados a estos servicios.
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