Renfe recurrirá a la Audiencia Nacional para defender sus derechos y el interés general ante lo que considera una actuación abusiva de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación con el acceso de otras operadoras ferroviarias a sus talleres.
La última resolución del organismo regulador ha dado la razón a Ouigo en su solicitud para llevar a cabo tareas de mantenimiento de sus trenes en las instalaciones de Cerro Negro/Santa Catalina, Can Tunis y Fuencarral. Según la CNMC, las operaciones que pretende realizar la compañía francesa, principalmente de desmontaje y montaje, se consideran servicios básicos de mantenimiento y, por tanto, Renfe está obligada a facilitar su prestación, de acuerdo con la normativa europea.
Sin embargo, la empresa pública discrepa de esta interpretación y defiende que los trabajos solicitados corresponden a operaciones de mantenimiento pesado, para las que la legislación no contempla la obligación de permitir el acceso a terceros.
Perjuicio para la actividad de Renfe y el servicio público
Esta decisión se añade a otra resolución reciente de la CNMC que autoriza a Iryo a utilizar parte de las instalaciones ferroviarias de Valladolid.
Ante esta situación, Renfe sostiene que el organismo regulador está modificando la interpretación del marco normativo vigente. En concreto, recuerda que la Ley del Sector Ferroviario (LSF) establece que no existe obligación de proporcionar acceso a las instalaciones para realizar trabajos de mantenimiento pesado y que las tareas de mantenimiento ligero no pueden desarrollarse en talleres destinados al pesado.
A juicio de Renfe, la sucesión de estas resoluciones supone trasladar a la compañía pública costes, recursos y riesgos operativos asociados a la actividad de empresas que llevan años operando en España y que cuentan con otras posibilidades. Entre ellas, menciona la construcción de sus propios talleres o la realización de determinadas intervenciones en instalaciones situadas en Francia o Italia.
Por último, Renfe subraya que está llevando a cabo un importante esfuerzo inversor para ampliar y mejorar su capacidad industrial. En este contexto, critica que las operadoras extranjeras recurran a sus infraestructuras en lugar de destinar recursos a desarrollar instalaciones propias en España, una situación que la compañía considera perjudicial para su actividad y para la prestación del servicio público ferroviario.
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