La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, por sus siglas en inglés) ha impuesto una multa de 403 millones de euros a Google tras concluir una investigación sobre el tratamiento que la compañía realiza de los datos de localización de sus usuarios. El procedimiento, iniciado en febrero de 2020 a raíz de las reclamaciones presentadas por varias organizaciones de consumidores, ha determinado que la tecnológica incumplió las normas de protección de datos en varias de sus herramientas.

En concreto, el regulador irlandés considera que Google no cumplió con las exigencias aplicables a la recopilación y tratamiento de información de ubicación en las funciones 'Actividad web y de aplicaciones', 'Historial de ubicaciones' y 'Precisión de ubicación'. La DPC ha señalado deficiencias relacionadas con la transparencia de las prácticas de la compañía y con la información proporcionada a los usuarios sobre el uso de sus datos personales.

Además de la sanción económica, el organismo irlandés ha ordenado a Google adaptar sus sistemas de procesamiento de datos a los requisitos establecidos por la normativa en un plazo de seis meses. El subcomisionado de la DPC, Graham Doyle, ha subrayado la especial sensibilidad de los datos de localización. Según ha explicado, este tipo de información puede utilizarse, por sí sola o combinada con otros datos, para determinar dónde se encuentra una persona y permite extraer conclusiones sobre diferentes aspectos de su vida privada.

Doyle ha advertido de que las deficiencias detectadas podrían haber provocado que algunos usuarios no fueran conscientes de que su ubicación se estaba utilizando, entre otras finalidades, para influir en ellos mediante publicidad o para deducir sus intereses. A ello se suma, según la autoridad irlandesa, la conservación de estos datos durante un periodo superior al necesario, lo que habría incrementado la pérdida de control de los usuarios sobre su información personal.

BEUC celebra la decisión

La Organización Europea de Consumidores (BEUC), una de las entidades que trasladó sus preocupaciones sobre las prácticas de Google, ha celebrado la resolución y la ha considerado "importante" para los consumidores europeos.

Su director general, Agustín Reyna, ha señalado que la decisión responsabiliza a Google y confirma la ilegalidad de la forma en que la compañía obtuvo el consentimiento para utilizar datos de ubicación. No obstante, ha cuestionado el tiempo empleado para completar la investigación, iniciada en 2020.

BEUC considera que la geolocalización puede encontrarse entre las informaciones más sensibles que manejan las grandes tecnológicas, debido a que permite extraer conclusiones sobre aspectos privados de la vida de los usuarios. Entre ellos menciona posibles visitas a hospitales, lugares de culto o centros educativos, así como información relacionada con sus creencias, salud, opiniones políticas u orientación sexual. La organización ha reclamado, en este sentido, una aplicación más rápida y efectiva de las normas de protección de datos para garantizar los derechos de los consumidores europeos.

Google acumula miles de millones en multas en el territorio europeo desde el año 2017

La multa de 403 millones de euros impuesta por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda se suma a un largo historial de sanciones a Google por parte de las autoridades europeas. La tecnológica estadounidense acumula decisiones contra distintas prácticas relacionadas con la competencia, la protección de datos, la publicidad online y el funcionamiento de sus servicios digitales.

Una de las primeras grandes multas llegó en 2017, cuando la Comisión Europea sancionó a Google con 2.424 millones de euros por abusar de su posición dominante para favorecer su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a sus competidores. Un año después, Bruselas impuso a la compañía una multa récord de 4.340 millones por varias prácticas relacionadas con Android. Posteriormente, el Tribunal General de la UE redujo esta última cuantía a 4.125 millones.

En 2019, la Comisión volvió a actuar contra Google con una sanción de 1.494 millones por las restricciones que, según Bruselas, imponía a través de AdSense a determinadas páginas web de terceros y a sus competidores en el mercado de la publicidad online.

Las autoridades nacionales también han impuesto importantes multas. Francia sancionó a Google con 100 millones de euros en 2020 por sus prácticas con las cookies y volvió a multarla con 150 millones en 2022 por dificultar a los usuarios el rechazo de estas. La autoridad francesa de competencia también impuso 500 millones en 2021 por incumplir determinadas órdenes relacionadas con la remuneración de los derechos de prensa. Italia, por su parte, sancionó a Google con más de 102 millones de euros por el caso de Android Auto, mientras que la AEPD española le impuso 10 millones en 2022 por infracciones relacionadas con la protección de datos.

A este historial se han incorporado en 2026 nuevas decisiones de gran cuantía. La Comisión Europea sancionó a Google con 890 millones de euros por dos incumplimientos de la Ley de Mercados Digitales. Ahora, la multa irlandesa vuelve a situar en el centro del debate las prácticas de la compañía en torno al tratamiento de los datos personales.

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