La revisión de la Ley de Ciberseguridad europea (CSA2), propuesta por la Comisión Europea, podría generar unas pérdidas económicas acumuladas de 367.800 millones de euros en cinco años para el conjunto de los Estados miembros de la UE, según recoge un informe conjunto de la Cámara de Comercio de China ante la UE (CCCEU) y KPMG.
Esta medida obligaría a los países a sustituir equipos de proveedores chinos, lo que afectaría gravemente a sectores clave como la energía y las telecomunicaciones. La mayor parte del impacto procederá de la sustitución de hardware, desmantelamiento y depreciación de activos, que representarán el 40% (146.200 millones de euros).
Le seguirán las pérdidas sociales relacionadas con la caída de eficiencia y retraso en la digitalización (28%), las pérdidas indirectas por reconstrucción de sistemas (22%) y los costes legales (10%). Se espera que la mayor parte de estas pérdidas se materialicen a partir de 2028, cuando la norma alcance su mayor grado de implementación.
El sector energético y las telecomunicaciones asumirían casi el 40% de las pérdidas totales de la UE, con 79.900 millones de euros la energía y 57.400 millones de euros las telecomunicaciones. Además, el informe advierte del riesgo de desajustes económicos asimétricos dentro de la UE, ya que la propuesta no tiene en cuenta las diferencias entre los Estados miembros en estructura industrial, capacidad fiscal y transformación digital.
Alemania sería el país más afectado, con pérdidas de 170.800 millones de euros, seguida de Francia (46.300 millones), Italia (36.500 millones), España (25.700 millones), Polonia (21.300 millones) y Países Bajos (20.100 millones).
En el caso de España el sector energético concentrará entre el 35% y el 39% de las pérdidas totales entre 2026 y 2030, mientras que las telecomunicaciones representarán hasta el 25% del total en los años de plena implementación. Se espera que las pérdidas económicas generales se incrementen a partir de 2028, cuando las pérdidas anuales pasarían de 2.800 millones de euros en 2026, a 6.500 millones en 2028.
A pesar de estas preocupaciones de seguridad, el informe subraya que hasta la fecha no se han encontrado pruebas de "puertas traseras técnicas" ni violaciones de ciberseguridad de la UE por parte de empresas chinas que operen en la UE. El informe aboga por la adopción de una gobernanza de ciberseguridad basada en criterios técnicos, más que en restricciones geopolíticas.
Ante este escenario, el informe insta a las instituciones europeas a retomar una vía regulatoria basada en la neutralidad tecnológica, la regulación basada en la evidencia, la proporcionalidad y la no discriminación advirtiendo que el enfoque actual podría anteponer el bloqueo a la seguridad.
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