El Juzgado de Instrucción número 2 de Valls está investigando a varios directivos de Endesa entre los que se encuentra el propio consejero delegado, José Bogas, o el ex presidente, Borja Prado, así como a la propia empresa por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, tal y como desvela El Mundo. En concreto, la querella entiende que los responsables de la eléctrica incumplieron presuntamente un contrato de suministro eléctrico de 2007 con una empresa interesada en construir un polígono industrial en Vila-rodona (Tarragona).

ElPlural.com se ha puesto en contacto con Endesa que asegura que por el momento ni Endesa Distribución ni las personas físicas han sido citados a declarar. La compañía desvela que ha tenido conocimiento de esta querella a primeros de marzo y que lo que ha hecho el Juzgado de Instrucción es solicitar información acreditativa de la ejecución y de la red para la construcción del polígono. 

"El pasado mes de marzo nos fue notificada una querella interpuesta por una entidad y un particular que supuestamente son los titulares jurídicos de los promotores que inicialmente firmaron con EDE la alimentación de un polígono industrial en la provincia de Tarragona, alimentada desde nuestra SET Puigpelat", explican desde Endesa. 

Fuentes de Endesa explican que el juzgado ya ha admitido a trámite la información aportada con respecto al caso y que lo seguirá haciendo durante el mes de abril. Por el momento, la empresa está recuperando y recabando toda la información relacionada, "desde el absoluto convencimiento de la correcta actuación por parte de la compañía en la ejecución y puesta en funcionamiento de la instalación en 2007".

Además, afirman no conocer la identidad del querellante: "Endesa desconoce por completo quien es el querellante, dado que con quien firmó los convenios para la construcción, puesta en servicio y resarcimiento de la Subestación de Puigpelat no tienen nada que ver con la entidad querellante". 

La querella denuncia "ilícitos beneficios"

La empresa querellante asegura que Endesa actuó "ocultando la realidad espuria que la guiaba desde el inicio y que ha seguido protagonizando hasta la actualidad, merced a lo que ha obtenido tan pingües como ilícitos beneficios, lucrándose así de forma proscrita del cumplimiento de la otra parte contratante".

Según explica El Mundo, Endesa debía suministrar 21.697 kilovatios para realizar este proyecto, a pesar de que el convenio firmado establecía que las instalaciones permitían una mayor capacidad, alrededor de 55.000 kilovatios. El coste de la central, diseñada para dar electricidad al polígono, era de 3,2 millones de euros y debía aportarlo la constructora de proyecto urbanístico.

Sin embargo, el contrato firmado establecía que la diferencia de kilovatios que Endesa obligaba a contratar a la empresa, alrededor de 33.000 kilovatios, “quedaban disponibles para terceros clientes” de la eléctrica.

En 2013 se formalizó otro contrato que indicaba que las líneas de alimentación acordadas entraron en servicio en 2011, con lo que la constructora podría haber recuperado alrededor de 714.653 euros con cargo a terceros conectados a su suministro. El documento también destaca "que habían existido conexiones a las instalaciones de suministros por parte de clientes de Endesa que esta no había comunicado" y que "cifró unilateralmente y porque sí, en 203.000 euros más IVA".

Así, la querella considera que la eléctrica "estuvo utilizando de manera clandestina las instalaciones pagadas" por la constructora del polígono, "obteniendo de esa explotación ilícita, importantes sumas dinerarias de las que se apoderó indebidamente, y que, aunque se situaron unilateral y arbitrariamente en la cifra antes referenciada, la realidad enfila a que el importe afanado por Endesa es muy superior y no se ha limitado a ese tiempo, sino que ha perdurado y perdura hasta el día de hoy, por lo que los actos de depredación dineraria ilícita, asumen el carácter de continuado en el tiempo".

"Depredación dineraria indebida e ilícita a lo largo del tiempo"

Por su parte, los abogados de la empresa querellante, con los derechos de resarcimiento de otras empresas herederas de los acuerdos anteriores con la eléctrica, aseguran que Endesa usó varias vías para ejecutar presuntamente "la continuada depredación dineraria indebida e ilícita a lo largo del tiempo, y que persiste en la actualidad".

La querella concluye que supuestamente el sobrante de electricidad "fue utilizado de manera ilícita para la obtención de sumas dinerarias de corte delictivo de las que indebidamente se apoderó Endesa", según el documento y el acuerdo firmado en 2013.

Incluso ponen en duda que se construyese la instalación eléctrica que pagó la empresa responsable del polígono, que se hizo sobre la subestación de Puigpelat, "ya existente, cuya capacidad y circunstancias reales se ignoran, de manera que no se conoce si la misma tenía capacidad al respecto y, por tanto, las obras y su cobro eran un camelo más, como se está en el convencimiento de que así fue".

La querella también explica que Endesa controla el 96% de la distribución de la energía en Cataluña, por lo que tiene "una posición de monopolio, que le permite doblegar toda oportunidad incluso de discusión por parte de los consumidores, a sus imposiciones, de ahí que, como fue el caso, exigiera a pesar de no tener amparo en la legalidad vigente".

Además, señala que Endesa ha obligado a la constructora a contratar una potencia más de tres veces superior a la necesaria y que además, instó a la constructora a "sufragar una inversión en la red de distribución y transformación en la zona de Puigpelat, subestación que ya existía, al objeto de realizar una obras e inversiones, que permitieran garantizar una potencia de 55.000 kw, desconociéndose qué capacidad tenía ya entonces esa subestación".

Esto provocaría "una sobredimensión de las instalaciones de, cuando menos, 33.302 kw de potencia" solicitada, por lo que la constructora "no tuvo más remedio que someterse a las exigencias" de Endesa para desarrollar el proyecto. En cifras, los querellantes consideran que el perjuicio económico ronda los 1,3 millones de euros para la construcción de la estación y 1,2 millones de euros por el dinero que tenía que haber recibido por el suministro eléctrico a terceros.