La banca española se ha sumado ya a las críticas del sector energético sobre la intención del Gobierno, al menos de Sumar, de hacer permanente el impuesto extraordinario a partir del próximo 1 de enero de 2025. Las asociaciones bancarias AEB y CECA, que engloban a las grandes y medianas entidades financieras, han expresado este jueves "su más enérgico rechazo" a la intención del Ejecutivo por el impacto que tendría en el propio sector y para la economía española en general.
En un comunicado conjunto, las dos principales asociaciones bancarias han decidido pronunciarse contra el gravamen, que nació como extraordinario y temporal, y que terminaría su vigencia el próximo 31 de diciembre de 2024. En medio de una negociación in extremis -en la que las grandes energéticas han reconocido estar teniendo conversaciones "con todos los partidos políticos"- la banca ha mantenido silencio hasta este jueves, precisamente el día en el que arranca la temporada de resultados hasta septiembre en el sector financiero con las cuentas de Bankinter.
"Ante la sucesión de noticias y declaraciones públicas sobre la intención del Gobierno de establecer como permanente el gravamen temporal al sector bancario, las asociaciones bancarias AEB y CECA expresan su más enérgico rechazo por el impacto para el propio sector y para la economía española", arranca el comunicado de la AEB y la CECA.
Los representantes de algunas de las más importantes entidades financieras, de medio y gran tamaño, advierte en el comunicado del impacto que tendría mantener el impuesto extraordinario, en su caso a la banca, más allá de su vigencia inicial. Igualmente, alertan de las consecuencias de hacerlo permanente a pesar de haber sido diseñado como un gravamen temporal por el entorno de los tipos de interés. La banca se suma así a las fuertes críticas emitidas por gran parte del sector energético, liderados por Repsol y su consejero delegado, Josu Jon Imaz, y recuerdan su rechazo a la medida planteada ahora por el Gobierno.
"Va en contra de las recomendaciones"
"Si se mantiene esta iniciativa, España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para las entidades españolas y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos paga", advierten las asociaciones bancarias en su comunicado. Asimismo, asegura que sería "un obstáculo" para completar la unión bancaria europea y que, incluso, "va en contra de las recomendaciones de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI)".
Según estas asociaciones bancarias, ambos organismos internacionales han desaconsejado estos impuestos "porque desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas". Asimismo, denuncian que "este tipo de gravámenes tiene un impacto directo sobre la capacidad de financiación de la economía real y, por ende, en la creación de empleo y en el crecimiento de nuestra economía". AEB y CECA cifran una pérdida de recaudación de alrededor de 50.000 millones de euros en la capacidad de financiación del sector bancario en España si se mantuviera dicho gravamen.
"Si este impuesto, concebido como 'extraordinario', se justificó por el Gobierno por el crecimiento de ingresos derivado de la subida de tipos de interés desde 2022, dicha justificación no tiene vigencia", explican las asociaciones bancarias, que se emplazan a lo que ocurra en el futuro con las decisiones de los bancos centrales, en este caso el BCE, sobre los tipos de interés. "Es preciso señalar que la evolución prevista de los tipos de interés no justifica la conversión del gravamen temporal en un impuesto permanente. El BCE ha comenzado a recortar los tipos oficiales", reiteran.
"A lo largo del año ya se ha producido un recorte de 75 puntos básicos que se ha reflejado en bajadas del euríbor. El euríbor a un año está en estos momentos por debajo del nivel de diciembre de 2022, cuando se aprobó el gravamen. Los analistas anticipan que esta tendencia descendente se mantendrá el próximo año de tal modo que los tipos de interés podrían situarse en el 1,75% a finales de 2025", anticipan los representantes del sector financiero nacional.
Por otro lado, denuncian que "la incorporación de impuestos a nuestro ordenamiento jurídico por la vía de un decreto ley o, alternativamente, a través de una enmienda al articulado de un proyecto de ley que se encuentre en tramitación en el Congreso, como señalan las informaciones merma la calidad del debate público e imposibilita que los sectores afectados puedan manifestar su posición sobre normas que afectan a su actividad", se ha referido sobre las negociaciones de la clase política para definir el futuro del impuesto a partir del próximo 1 de enero de 2025. "En definitiva, gravar la actividad bancaria de forma permanente con un impuesto extraordinario significa frenar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo en el conjunto de la economía", advierten desde el sector.