Las empresas con servicios en territorios palestinos ocupados serán investigadas por Consumo

Estas acciones que emprende el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pasan a focalizarse sobre las empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel. En el artículo 4 del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno se especifica que se  prohíbe la publicidad de bienes y servicios que provengan de esta zona, con el objetivo de limitar la posibilidad de desarrollar ese negocio.

De esta manera, la Dirección General de Consumo pasará a abrir procedimientos a las empresas que estarían "aprovechándose" de esta ocupación, marcando así a las compañías que vendrían obteniendo beneficios según se indica el informe publicado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, titulado 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio'. Con esta medida, se cumple una de las advertencias que Pablo Bustinduy ya había realizado, al haber expresado en el mes de julio que su ministerio pondría todos los recursos necesarios" para garantizar "que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino". Así desde Consumo buscan conseguir que cualquier empresa con actividad en en nuestro país "abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente".

La razón de ser de esta medida que se pone en marcha radica en la consideración de que si se mantiene en España esta oferta de servicios, se está procediendo a contribuir a "perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel". De ahí que, ante el inicio de la investigaciones, Consumo recuerda que los negocios que se lucran de la ocupación son considerados una actividad ilícita por el Derecho Internacional. 

No son pocas las empresas que estarían desarrollando su actividad en territorios ocupados por Israel en Palestina, ya que, hace escasos días, Naciones Unidas amplió a 158 el número de compañías que están vinculadas al desarrollo de los asentamientos israelíes. Un catálogo definido como "lista negra" y en el cual figuran cuatro compañías españolas, las cuales son Actividades de Construcción y Servicios (ACS); Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI); Construcciones y Auxiliar de ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco). Todas ellas se desmarcan alegando que ya no desarrollan actividad alguna en la zona, haber vendido la parte del grupo que operaba allí o que sus negocios se efectúan en territorios reconocidos internacionalmente de la parte israelí.

En concreto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos añadió 68 nuevas empresas a esta lista por "suministrar equipo o materiales que faciliten la construcción y el mantenimiento de los asentamientos, las demoliciones de casas o propiedades palestinas, así como las actividades de vigilancia, el uso de recursos naturales para fines comerciales o contaminación y el vertido de desechos en aldeas palestinas".