Este martes se ha presentado en el Congreso de los Diputados la propuesta de Ley Empresas con Propósito que busca reconocer e impulsar a las empresas que generen un beneficio social y ambiental. Después de presentar más de 30.000 firmas a modo simbólico, representantes de diferentes organizaciones han celebrado un acto junto con Pedro Casares, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y demás personalidades parlamentarias y de la sociedad civil.

La ley presentada pretende la creación de una nueva figura jurídica, las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC), que reconozca e impulse aquellas compañías que generan un beneficio social y ambiental, además de un retorno económico. Según ha anunciado Casares, “esta propuesta se incluirá, a través de una enmienda transaccional, dentro de la Ley Crea y Crece”. El diputado socialista ha adelantado también que, basándose en las conversaciones que han mantenido, la mayoría de los grupos parlamentarios apoyarán la inclusión de la propuesta.

De esta manera, la iniciativa apoyada por más de 400 organizaciones e impulsada por B Lab Spain consigue el objetivo por el que llevaba luchando desde hace años, siguiendo la senda que defienden de combatir el sistema económico actual que ha concentrado la riqueza y, en consecuencia, ha generado graves desequilibrios sociales y daños ambientales. La iniciativa llama a reconocer esta disfunción y promover un nuevo modelo económico equitativo, inclusivo y regenerativo para todas las personas y el planeta.

En lo relativo a esto, Mikel García-Prieto, director general de Triodos Bank España, ha señalado que “toda actividad económica tiene un impacto social y medioambiental, no hay actividad neutra”. Por su parte, Miguel Alba, miembro de Oxfam Intermón, ha destacado que “para paliar la desigualdad y combatir la pobreza hace falta que haya un cambio sistémico, sobre todo del modelo productivo. El modelo tiene que ser equitativo desde su inicio y tener en su núcleo el bienestar de las personas y el cuidado del medioambiente”.

Para conseguir un nuevo modelo empresarial, la iniciativa propone un compromiso legal de las empresas, un alcance transversal en el ámbito social, ambiental y económico; una evaluación independiente y cíclica de las empresas y la publicación de estas evaluaciones para exponer los resultados de las políticas asumidas. Para conseguir esto, Alba ha instado a las instituciones a involucrarse porque “no es coherente que el Estado no esté favoreciendo a las empresas que lo están haciendo mejor y que tienen un impacto positivo en las personas y el medioambiente”.