Volcados con las pymes
Además, el Partido Popular está desconocido en su apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el PP llevará al pleno del Congreso del próximo martes una proposición no de Ley para que pymes y autónomos puedan compensar los créditos que les adeudan las administraciones públicas. También ha anunciado una ley de emprendedores y una serie de rebajas fiscales, la mayor parte de ellas ya puestas en marcha por el actual Gobierno socialista.
Morosidad
Según Sáenz de Santamaría, la morosidad está perjudicando enormemente a estas empresas y ha vuelto a recriminar al Gobierno que rechazara una propuesta del PP para que se creara una línea ICO-Morosidad para financiar a las corporaciones locales.
Rebajas selectivas de impuestos
Sáenz de Santamaría defendió, la propuesta del PP de establecer "rebajas selectivas" de impuestos a las empresas para dinamizar la actividad y crear empleo, lo que redundaría en un repunte de la recaudación, según un modelo del "círculo virtuoso" que Sáenz de Santamaría contrapuso al "círculo vicioso" de la política económica socialista. Insistió en que su propuesta se basa en una reforma fiscal "que dote de un marco más competitivo a las empresas españolas respecto al que tienen sus competidoras de otros países europeos".
30.000 millones en deudas
La exposición de motivos de la iniciativa que llevará el PP al Parlamento la próxima semana sostiene que el conjunto de administraciones públicas adeudan a empresarios y autónomos un volumen total de 30.000 millones de euros, cuyos plazos de pago "son cada vez más dilatados", siendo "especialmente grave" en el caso de los ayuntamientos, algo que también ha repercutido negativamente en la recaudación tributaria, en un volumen de más de 11.600 millones de euros en 2009, según informa Europa Press
La Cámara Baja aprobó por unanimidad el pasado 7 de septiembre una proposición no de ley del PP en esta misma línea, si bien entonces el PP tuvo que pactar un texto en el que sólo hacía referencia a deudas contraídas por parte de la Administración General del Estado, es decir, excluyendo a comunidades autónomas y ayuntamientos.
