El llamado código de buenas prácticas que el Gobierno propone a los bancos establecerá que las familias que tengan una carga financiera superior al 80% de sus ingresos, se podrán acoger a medidas de refinanciación, que van desde la reducción de la cuota, el alargamiento del plazo hasta la posibilidad de acogerse a la dación en pago, con lo que a la entrega de la vivienda se da por cancelada la deuda pendiente.

Hasta 200.000 euros, y hasta 120.000 en pequeños municipios
El Gobierno ha determinado que en las ciudades de más de un millón de habitantes, se protegerá a las hipotecas inferiores a 200.000 euros, pero esta cantidad va descendiendo en una escala hasta llegar a las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde se cubrirán los préstamos hipotecarios inferiores a 120.000 euros. Estas escalas se han fijado teniendo en cuenta el valor de las viviendas medias de protección oficial.

Las familias con todos sus miembros en paro
Las familias que podrán acogerse al código tendrán que tener todos sus miembros en paro y no contar con un patrimonio financiero, inmobiliario o de cualquier tipo, con el que podrían hacer frente a la deuda. Los bancos que se acojan voluntariamente a este código, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, deberán permanecer un mínimo de dos años.