El Consejo de Ministros ha anunciado este viernes la creación de la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación del mecanismo extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo indebidas.

El órgano echa a andar cuatro meses después de que se firmase el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección al consumidor por las cláusulas suelo. Según ha comunicado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, esta Comisión “se va a encargar de recabar y evaluar la información que le traslade el Banco de España obtenida de las entidades de crédito”.

El Gobierno no ha dado más datos ni por qué ha tardado tanto en ponerla en marcha, cuando el Real Decreto se tuvo que aprobar a toda prisa por la sentencia de la Unión Europea que proclamó la restitución de las cláusulas suelo desde la fecha de la firma del contrato de hipoteca.

Órgano vacío

Desde la Asociación de Consumidores ADICAE han reaccionado rápidamente a la decisión del Ejecutivo tachando el nuevo órgano de “una simple quimera vacía de eficacia que sólo persigue legitimar el abuso al que están siendo sometidos por los bancos cientos de miles de consumidores y generar la falsa idea de que se han establecido mecanismos eficaces de resolución de un escándalo que ya el 21 de diciembre pasado tuvo que ser abordado por instituciones europeas como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

La organización defiende que “el mecanismo ideado por el Ministerio de Economía” para la resolución extrajudicial del abuso de las cláusulas suelo, “no sólo un monumental fracaso en la defensa de los consumidores, sino su propio carácter engañoso y de protección del sector bancario”.

Hay tiempo para corregir

Desde ADICAE también señalan al departamento encabezado por Luis de Guindos que aún hay tiempo para corregir este mecanismo “si hubiese voluntad política” incluyendo en él las propuestas que le fueron trasladada por la asociación en enero.

Frente a esta situación, ADICAE califica de vergonzante la actitud que mantienen la inmensa mayoría de las entidades, que lejos de asumir el carácter abusivo de las cláusulas suelo, una práctica perpetuada durante casi una década sobre millones de consumidores hipotecados, siguen aplicando los suelos, y rechazan la devolución íntegra de las cantidades indebidamente cobradas o, peor aún, intentan engañar a los consumidores que reclaman ofreciendo cantidades muy inferiores a las que legalmente corresponden.