De la desprotección a la dignidad: la justicia histórica que debíamos a nuestros mutualistas

Hay decisiones parlamentarias que no se miden por el volumen del debate, sino por el alcance de la justicia que restituyen. La aprobación definitiva de la Ley de Mutualidades Alternativas en el Congreso de los Diputados representa exactamente eso: el cierre de una anomalía histórica y la respuesta del Estado a miles de profesionales que, tras décadas de ejercicio profesional, afrontaban una jubilación en condiciones de absoluta precariedad.

Para comprender la magnitud de este logro, es necesario analizar el origen de una situación que ha permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Durante décadas, en España, miles de profesionales de la abogacía, la procura, la medicina, la arquitectura o la ingeniería no cotizaban al sistema público de la Seguridad Social, sino a entidades privadas de previsión conocidas como mutualidades. En su origen, estas estructuras cumplieron una función pionera de auxilio mutuo cuando la cobertura pública aún no alcanzaba a las profesiones liberales. Sin embargo, la posterior transición hacia modelos de capitalización individual terminó por trasladar de forma asimétrica todo el riesgo financiero al propio profesional.

El resultado de esa deriva fue dramático: hombres y mujeres que habían contribuido decisivamente al desarrollo económico y social de nuestro país descubrieron, al alcanzar la edad de jubilación que, tras toda una vida de trabajo, sus aportaciones apenas les garantizaban una prestación media de 450 euros mensuales.

Hablamos de quienes han defendido nuestros derechos en los tribunales, velado por nuestra salud, diseñado nuestras ciudades y mantenido en marcha nuestra economía. Personas que jamás pidieron privilegios, sino algo tan elemental en un Estado de derecho como la certeza de que el esfuerzo y la dedicación de toda una carrera profesional debían traducirse en una jubilación digna. Era inaceptable que las instituciones miraran hacia otro lado mientras el mercado desprotegía a quienes lo habían dado todo por su profesión.

Ante esta situación, la respuesta no podía ser el inmovilismo ni las meras palmaditas en la espalda que no resuelven nada. Mientras la derecha y la extrema derecha optaban por la parálisis y la desatención —llegando el Partido Popular a proponer que esta norma se derivara al Pacto de Toledo, en una clara maniobra para dilatar los plazos y evitar que saliera adelante—, el Grupo Parlamentario Socialista asumió la iniciativa, dio un paso al frente y registró en el Congreso la proposición de ley que ha hecho posible este avance estructural.

Con esta norma reafirmamos la capacidad integradora del Sistema Público de Seguridad Social, la mayor red de protección intergeneracional de nuestra democracia y la única garantía de que, cuando los modelos privados fallan, lo público responde.

A través de esta ley, establecemos una pasarela voluntaria al RETA (el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social) con pleno reconocimiento de derechos. Transformamos la incertidumbre en dignidad, permitiendo que miles de mutualistas puedan integrar sus años cotizados en el sistema público y acceder a una pensión garantizada que puede alcanzar los 1.256 euros al mes. Fortalecer el pilar público es legislar con los pies en la tierra y con sentido de la justicia social.

Nada de ello ha sido sencillo. La determinación del Grupo Parlamentario Socialista para impulsar y defender el texto, unida a la firmeza de las plataformas de mutualistas y al rigor de los colegios profesionales y de los consejos generales, permitió superar los obstáculos de la oposición y llevar la ley a su aprobación definitiva.

A todos los mutualistas que leéis estas líneas quiero deciros algo con total claridad: esta ley lleva vuestro nombre y es vuestra victoria. Vuestra perseverancia, vuestra templanza y vuestra lección de dignidad en cada reunión y en cada movilización han sido el verdadero motor de este logro legislativo.

Somos plenamente conscientes de que el camino no se agota con este texto y de que quedan aspectos pendientes por resolver, de forma singular en lo que respecta a la situación de los pasivos. Por eso, este avance no es un punto final, sino la cimentación sólida de un nuevo punto de partida. La historia de los derechos en nuestra democracia nos enseña una lección irrefutable: un derecho conquistado es siempre la antesala de otro derecho. La pasarela que ahora queda blindada en el Boletín Oficial del Estado sienta las bases institucionales para seguir ampliando la protección social.

La política demuestra su verdadero sentido cuando es capaz de transformar una reivindicación justa en un derecho efectivo. Esta ley representa la respuesta de las instituciones a una demanda largamente postergada y la garantía de que miles de profesionales podrán afrontar su jubilación con la seguridad y la dignidad que merecen. La causa justa de los mutualistas es, por fin, ley en España.