Los gurús de la economía sitúan a España como uno de los países más afectados por los efectos de la pandemia. En concreto, la Comisión Europea (CE) prevé que el PIB del país se desplome un 10,9 por ciento este año. Los próximos seis meses serán determinantes para definir el futuro de una generación superviviente a la recesión de 2008.
“El impacto económico del bloqueo es más severo de lo que inicialmente esperábamos. Continuamos navegando en aguas tormentosas y enfrentamos muchos riesgos, incluida otra ola importante de infecciones. En todo caso, este pronóstico es una ilustración poderosa de por qué necesitamos un acuerdo sobre nuestro ambicioso paquete de recuperación”, asegura Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la CE.
Según estima la CE nuestro país será el segundo de la Unión Europea más golpeado por esta crisis y sólo superado por Italia. La principal razón es que el modelo económico español se sostiene gracias al sector servicios, que en estos momentos hace aguas y que, en caso de rebrote, es un sector de alto riesgo debido al contacto elevado de los trabajadores con otras personas. En este punto de inflexión cabe preguntarse, ¿hemos jugado todo a una baza en materia económica? España necesita una reconversión total de su modelo productivo.
Los efectos de las medidas de confinamiento y distanciamiento físico, cuyo objetivo es tratar de frenar el avance de la pandemia, han situado en jaque al país. El PIB, casi herido de muerte, sufrió la mayor contracción intertrimestral de la historia. De hecho, el Banco de España estima en su Informe Anual que en un estado de recuperación gradual, el descenso del PIB puede rozar el 21 por ciento, una cifra inédita.
A estas proyecciones, que encaran el segundo semestre del año, se suman a las pronosticadas por el FMI, que augura para España un descenso del PIB de un 12,8 por ciento, o las de la OCDE que lo sitúa en el 11,1 por ciento. Sin embargo, estos datos podrían ser peores en caso de rebrote de la enfermedad. Pero, ¿en qué se traducen todas estas cifras?
España será más pobre
Según el último informe de Naciones Unidas, actualmente la cuarta parte de la población española vive en situación de pobreza o está en riesgo de exclusión. Es decir, un 25 por ciento de los ciudadanos de nuestro país afrontan “una enorme crisis de vivienda y paro estructural entre sus jóvenes”, aclara el documento elaborado por el exrelator de la ONU, Philip Alston. Una situación que podría, además, verse agravada en los meses venideros.
De hecho, según los últimos estudios realizados en Bruselas, España podría superar el 20 por ciento de desempleo a final de año. Por su parte, la OCDE recuerda en su último informe , “Previsión de Empleo, publicado hoy, los efectos del impacto del Covid 19 en el mercado laboral español: en el mes de mayo casi 3 millones de empleados se encontraban acogidos al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), lo que representa un 18 por ciento de los asalariados. Con los datos en la mano y la mirada puesta en un futuro a corto plazo, desde el organismo esperan que la cifra de paro sobrepase la estimada e incluso alcance el 27 por ciento -el 40 por ciento en algunas regiones- en el caso de una recaída sanitaria. Las malas previsiones de España sólo son superadas por Portugal, Irlanda, Estados Unidos y Colombia.
Nuestro país, que encaró la pandemia con un alto porcentaje de desempleados, además, ha favorecido el empleo temporal en estos últimos meses, lo que ha dado como resultado la no renovación de un alto porcentaje de los contratos, especialmente en el sector del turismo, hostelería o servicios de entretenimiento.
Los despidos serán inevitables. Muchos sectores habrán sufrido cambios estructurales a medida que se avance hacia un periodo post-Covid 19 y figuras como el ERTE perderán fuerza: “las ayudas son temporales y, por tanto, no se pueden utilizar como una solución a problemas permanentes”, aclara la OCDE. Es decir, España necesita implementar políticas activas de empleo, una asignatura que nuestro país tiene pendiente, junto al cambio de modelo productivo.
España registra el peor dato de los principales países europeos en esta materia: destina menos de 500 euros por desempleado, cifra que contrasta con la de otros países como Dinamarca, que destina 15.000 euros por desempleado. En resumen: pocos fondos y muy ineficientes se dirigen a las Políticas Activas de Empleo (PAE) en un momento crítico para el futuro del país. “Los estados deben promover la movilidad de trabajadores desde empleos subsidiados hacia los no subsidiados”, afirma la OCDE. Al final, se reduce a la ausencia o no de voluntad política y social.