El Gobierno de coalición quiere ajustar sus cuentas conforme a lo comprometido con Bruselas de cara a la vuelta de las normas fiscales sin renunciar a su política económica expansiva. La Comisión Europea recuperará su dureza en 2025, poniendo la lupa sobre los valores de déficit y deuda pública, y si España quiere cumplir sin dejar de destinar más dinero a servicios públicos, administraciones locales y autonómicas, ayudas sociales o políticas laborales, entre otras muchas, debe ingresar más. Con esta premisa ha diseñado su reforma fiscal, que pretende recaudar 4.500 millones de euros más entre los que más tienen.
Los bienes de lujo, los apartamentos de usos turístico, la banca, la sanidad privada o el tabaco son los principales afectados. Asimismo, las grandes empresas deberán afrontar un mayor esfuerzo contributivo y sociedades como las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), dedicadas a especular con la vivienda, perderán sus beneficios fiscales. Sin embargo, pese a que estas medidas aúnan a todas las fuerzas de izquierdas del Congreso, la necesidad del apoyo de Junts y PNV ha llevado a dejar fuera el impuesto a las grandes energéticas, algo que no gusta a ERC, EH Bildu y Podemos y podría hacer decaer la reforma.
Principales medidas de la reforma fiscal
Una de las principales medidas, que viene de Europa y la OCDE, afecta a las multinacionales y grandes empresas, que pasarían a tributar con un tipo mínimo del 15%. Además, podrían limitarse las deducciones por pérdidas o por reparto de dividendos. También en el ámbito empresarial, el Ejecutivo quiere transformar en fijo el gravamen a la banca, que pasaría a afectar también a bancos extranjeros y afectará a los márgenes de beneficio, no a la facturación. Por el momento no hay acuerdo en torno a qué hacer con el impuesto al otro gran sector, el de las grandes energéticas.
En lo relacionado con la vivienda, las SOCIMI dejarían de beneficiarse de un régimen fiscal especial, a través del que disfrutaban de una carga impositiva de únicamente el 1%, que “no ha servido para mejorar la oferta de viviendas”, alude el Gobierno. El otro abordaje en esta materia pone el foco en los apartamentos turísticos, a los que se establecería un IVA del 21%, buscando así reducir su rentabilidad y desalentar las inversiones con fines especulativos en un bien de primera necesidad, como es la vivienda.
Los ricos también sufrirían un cambio fiscal de aprobarse la reforma. El IRPF en su tramo mas alto, aquel que afecta a las rentas a partir de 300.000 euros, pasaría del 28% al 30%. Además, aquellos privilegiados que gusten de adquirir aviones privados, yates o coches alta gama, como el Lamborghini al que se refería Pedro Sánchez, pasarían a soportar una suerte de impuesto al lujo.
Por último, el ámbito sanitario también cuenta con dos modificaciones. Por un lado, la reforma planea comenzar a gravar los seguros médicos privados, que actualmente se encuentran exentos de pagar el impuesto sobre prima de seguros, que asciende al 8% sobre la prima que pagan los asegurados. Atendiendo a un bien concreto, la coalición apuesta por endurecer el régimen impositivo del tabaco, especialmente en las nuevas modalidades como los vapeadores.
Un texto derechizado
A la coalición no le salen las cuentas todavía. La exclusión del impuesto a las energéticas del pacto fiscal no ha hecho sino alejar a los grupos de izquierdas del bloque de la investidura. Salvo Sumar, que bendice el acuerdo pero no renuncia a prestar batalla por el gravamen durante su tramitación, el resto de grupos parlamentarios se descabalgan de un texto contagiado por la “derecha nacionalista” de Junts y del PNV. Podemos ya lo advirtió el lunes tras el anuncio y se han reafirmado este martes desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados. O se grava al sector energético o los cuatro escaños moradas volarán al ‘no’.
Con tal rotundidad se ha pronunciado el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, este mismo martes. Después de hacer la digestión del pacto entre las fuerzas de la coalición, los morados insistían en que sus votos no irán destinados a apoyar “ninguna reforma fiscal que incluya la retirada del impuesto al oligopolio eléctrico”. Justifica su respuesta con arreglo a los beneficios extraordinarios de las empresas del sector, los cuales esclarecen que el tipo impositivo no sólo no debe retirarse, sino que debe convertirse en estructural. Sobre todo, ha apostillado, en un contexto de “crisis climática”, cuyos efectos se han visto en la DANA de Valencia.
Estructuralidad del gravamen
En cualquier caso, se abren a negociar pero con la condición sine qua non de que el impuesto, independientemente del método, se consolide. En este sentido, afean a sus antiguos socios de Sumar de que “el mal menor es el camino más directo a un mal mayor”, en alusión a su responsabilidad en su desaparición. No obstante, los magentas defienden que bajo ningún concepto han renunciado a él y prometen dar batalla por su consolidación durante la tramitación de la reforma fiscal.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) navega en la misma dirección que los morados y se cierran en banda a incorporar cualquier texto que tienda a favorecer o bien a la banca o bien a las energéticas. Por ello, han urgido a los socialistas a atornillarse a la mesa de negociación hasta encontrar el equilibrio entre las dos posturas. Se muestran favorables a la transposición de la directiva, pero no venderán barata su piel; sobre todo si esto parte de una demanda de Junts que recoge la voluntad de patronales catalanas.
Aliado habitual de ERC, Bildu se mantiene en la pauta marcada por los republicanos catalanes. Las dos fuerzas soberanistas exigen al Gobierno que reinicien los contactos pero con el espíritu de abrirse a mantener el impuesto extraordinario a las energéticas. Saben que no será una tarea sencilla, pero están dispuesto a negociar hasta las últimas consecuencias y urgen al resto de grupos a adoptar una postura similar. Más crípticos se muestran en el BNG. Aún no hay una posición final al respecto y piden esperar a conocer el texto, dado que su voto dependerá en buena medida del contenido final de la reforma. Eso sí, han mostrado su predisposición a que este gravamen se torne estructural.