El techo de dos años en las indemnizaciones por despido improcedente debe cambiar. Así lo indicó el Comité Europeo de Derechos Sociales este lunes 22 de julio, tras fallar a favor de UGT en esta misiva por considerar que esto incumplía con la Carta Social Europea. Sobre estas indemnizaciones, que están fijadas en 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades, España deberá o eliminar el límite de dos años o elevarlo "significativamente". Ante esta resolución, el Gobierno de España ya ha comenzado a trabajar para llegar a un acuerdo con los agentes sociales para implementar lo exigido por dicho comité, tal y como anunció la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Uno de los elementos que estas negociaciones deberán tratar es si deben ser iguales para todas. De hecho, una de las reclamaciones en particular de UGT reside en la necesidad de hacer que estas indemnizaciones se perfilen con respecto a las casuísticas personales de los trabajadores afectados por estos despidos. "Las circunstancias deben ser individuales, igual que los despidos", esgrimió el secretario general.
En una rueda de prensa concedida por el grupo sindical, su secretario general, Pepe Álvarez, aseguró que ante ciertos casos las personas podrían tener derecho a una indemnización mayor. Por ejemplo, se tomaría en cuenta "la situación económica, si tiene personas a su cargo o no y que edades tienen, si está en alquiler o no, los riesgos de vulnerabilidad relacionado con la discapacidad o violencia machista".
La indemnización por despido improcedente vigente es el único punto que sobrevivió de la reforma laboral del PP tras la reforma aprobada en el año 2022. Según ese punto, esta fija una cantidad que los propios empresarios conocen previamente, de forma que no atienden a circunstancias personales. Precisamente, este punto de choque entre los sindicatos y el Ejecutivo podría eclipsar otras negociaciones entre estos agentes, como la revisión de la reforma laboral para limitar la temporalidad.
UGT gana contra España ante los tribunales europeos
El sindicato socialista fue el encargado de presentar una queja colectiva contra España ante los tribunales de Estrasburgo. Tal y como confirmaron este lunes 2 de julio, el Comité Europeo de Derechos Sociales le dio la razón a UGT al considerar que el país no cumple con la Carta Social Europea. Por ello, el Gobierno de España tiene dos opciones: emprender una reforma legislativa o que los jueces y tribunales españoles tengan en cuenta esto en los despidos que lleguen a sus juzgados.
Una vez se hizo pública la resolución, la cartera de Yolanda Díaz anunció su intención de convocar tanto a los sindicatos como a la patronal para negociar una reforma de estas indemnizaciones para adecuarlas a los estándares europeos. Eso sí, los sindicatos ya han mostrado sus dudas de que este proceso salga adelante. Primero, porque dentro del Gobierno de coalición ya se han mostrado discrepancias internas sobre la modificación de estas, pese a que era uno de los puntos del acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar. Y segundo, por la oposición de la propia patronal. "La CEOE puede negarla y pensar que este proceso judicial puede tener para ellos alguna rentabilidad", indicaron desde UGT, pero subrayaron que estos actores tienen una "responsabilidad" para con los trabajadores.
Asimismo, también se ha mostrado preocupación porque estas negociaciones salgan adelante en comparación a otras medidas que siguen sin alcanzar un consenso. Este es el caso de la reforma de las pensiones, que sigue sin tener un borrador por parte del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Lo mismo ocurre con la reducción de la jornada laboral, que se había calculado para verano. De igual forma, la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 podría opacar estas otras medidas.
El sindicato confía en las acciones de los jueces españoles
UGT ha mostrado su confianza ante las acciones de los jueces, que ya han comenzado a otorgar sentencias que recogen indemnizaciones más elevadas que las estipuladas por ley actualmente, al considerar que forman parte del ordenamiento jurídico interno. "A nosotros no nos importa ir juzgado a juzgado, litigio a litigio, discutiendo todas estas cuestiones", aseguró Álvarez. Así, aconsejan a quienes reiciban una noificación de despido que lleven estas a los tribunales.
Así le ocurrió a un trabajador de un ayuntamiento que había dejado un contrato indefinido para unirse al consistorio a través de un contrato temporal de interinidad. Pasado menos de un mes de la firma, el organismo le informó que había sido contratado por error y que sería despedido el 30 de abril, lo le daba derecho a una indemnización baja. El Tribunal de Justicia del país vasco, que era el responsable del caso, aclaró que esta no era "adecuada al daño sufrido por el trabajador". Por ello, se le concedió una indemnización de 30.000 frente a los 493 que le correspondía por ley.