La Comisión Europea ha identificado la necesidad de España de implementar mayores cambios para modernizar el sistema tributario del país. En su informe semestral publicado este miércoles, la Comisión ha señalado esta necesidad dado que prevé un “incremento significativo en el gasto público” a raíz de una demografía que se está envejeciendo, además de recomendar una mejora a las politicas de aplicación del IVA.
No obstante, ha apremiado al país por ejecutar el 70% de su plan de recuperación y resiliencia, cuyo plazo finaliza en agosto de 2026, mientras que Bruselas continúa su evaluación de la solicitud del Gobierno para acceder a los 23.900 millones de euros del quinto pago. El principal requisito para el desembolso de este quinto tramo ampliado es la reforma fiscal, que debe incluir la subida del impuesto sobre el diésel, una medida que carece de apoyos suficientes para salir adelante en el Congreso de los Diputados. Esta exigencia también forma parte de lo que la Comisión clasifica como uno de los “desafíos políticos clave”.
Europa ha señalado a España por no incorporar “suficientemente” los costes medioambientales del agua y el diésel, por lo que su inclusión supondría una forma de aumentar el ingreso del Estado para enfrentarse a futuros gastos. “Se espera que el desarrollo demográfico lleve a un incremento significativo en gasto público relacionado con la sanidad, cuidados de larga duración y las pensiones”, ha señalado el informe. Por ello, la Comisión destaca que las “reformas dirigidas al incremento del rol de impuestos indirectos (consumo y medio ambiente) asegurarían ingresos fiscales, apoyaría la creación de empleo y la actividad económica en el futuro”.
Por su parte, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis ha destacado: "A falta de poco más de un año para la fecha límite de agosto de 2026, también es el momento de mirar hacia adelante y centrarse en lo que hay que hacer para llevar el plan de recuperación a buen puerto". "Ahora es el momento de dar un último impulso", ha animado Dombrovskis, quien ha invitado a los estados miembros a "aprovechar al máximo el tiempo que les queda" porque "con 454 días por delante para la aplicación, ahora es el momento de actuar y cumplir".
Bruselas ha pedido la revisión general a todos los países miembros de su plan de recuperación para que solo permanezcan las medidas cuya aplicación esté asegurada para la fecha límite. Además, la Comisión Europea ha ofrecido otras alternativas para destinar los fondos restantes a apoyar inyecciones de capital en los bancos de inversión pública -en el caso de España, esto sería el Instituto de Crédito Oficial (ICO)- o para contribuir al futuro Programa Europeo de la Industria de Defensa.
Bruselas insiste en que España reduzca la brecha de impuestos
Bruselas, además, ha señalado la necesidad de incrementar la “cohesión social” para reducir “la brecha en políticas de los Impuestos Sobre el Valor Añadido (IVA)”. Pese a haber reducido su coeficiente Gini de 2022 -este índice señala desigualdades económicas, valorado entre el cero y el uno, donde el uno es una igualdad perfecta- por 7,6 puntos, la Comisión ha señalado la necesidad de seguir mejorando su puntuación en el índice.
“España ocupa la posición 18 en el índice GINI para la distribución de ingresos antes de transferencias sociales y ocupa la posición 21 en la distribución de los ingresos disponibles totales. Cohesión social permitirá mayores reformas a través de ajustes adicionales a los impuestos progresivos sobre los ingresos personales y los impuestos sobre el patrimonio”, reza el informe.
El mayor ingreso fiscal del gobierno en 2022 fueron los impuestos sobre la renta, lo que la Comisión ha señalado estar por encima de la media europea. Donde España tiene unos ingresos del 19,1% de su PIB de los impuestos sobre la renta, la media europea se sitúa en el 17,3%. Sin embargo, España es el país con menos ingresos de impuestos sobre el consumo, en el cual recauda más del 1% menos del PIB que la media de la Unión Europea -el 9,7% del PIB frente al 10,9%-. Los impuestos medioambientales también están por debajo de la media del bloque comunitario, aunque la brecha no es tan marcada como en los impuestos de consumo.