Bruselas deja en manos del Gobierno la decisión sobre la entrada de Arabia Saudí en Telefónica

A comienzos de septiembre de este año, Telefónica anunció la venta de una participación del 9,9% de su capital a la empresa saudí STC por un importe total de 2.100 millones de euros. La operación, que se realizará a través de una ampliación de capital reservada, supone la entrada del mayor operador de telecomunicaciones de Oriente Medio en el accionariado de la compañía española, que busca reducir su elevada deuda y reforzar su posición en el mercado latinoamericano.

La noticia sorprendió al Gobierno español, que se enteró de la operación horas antes de su anuncio oficial y que no había sido consultado previamente por Telefónica. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reconoció en declaraciones a los medios en Bruselas que la compañía le transmitió el "carácter amistoso" de la operación y su "intención de no tomar el control de Telefónica".

Sin embargo, la entrada de Arabia Saudí en Telefónica ha generado inquietud en algunos sectores políticos y sociales, que ven con recelo la influencia de un régimen autoritario y violador de los derechos humanos en un sector estratégico como el de las telecomunicaciones. El eurodiputado de IU Manuel Pineda cuestionó a la Comisión Europea si consideraba la compra una "amenaza a la seguridad" y si pensaba "intervenir para evitar" la entrada de "un régimen absolutista" como el de Arabia Saudí en el sector de las telecomunicación de la UE.

La respuesta de Bruselas ha sido ambigua y ha dejado en manos del Gobierno español la decisión final sobre la operación. El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, indicó que el Ejecutivo comunitario "no está en condiciones de formular observaciones" sobre la entrada de la saudí STC en Telefónica y subrayó que la "decisión final" al respecto corresponde al Estado donde tiene lugar la inversión, en este caso el Gobierno de España.

Dombrovskis recordó que la UE "está abierta a la inversión extranjera directa (IED) y permite a los proveedores de servicios extranjeros establecerse libremente en su mercado de telecomunicaciones", pero puntualizó que "determinadas inversiones pueden constituir un riesgo para la seguridad o el orden público, por lo que la apertura de la UE a la IED debe equilibrarse a través de los instrumentos adecuados".

En este sentido, señaló que el Reglamento para el control de las inversiones extranjeras directas establece un mecanismo de cooperación que permite a la Comisión y a los Estados miembros "detectar, evaluar y mitigar posibles riesgos para la seguridad o el orden público en relación con la inversión", un reglamento que permite también el control en el sector de las telecomunicaciones.

Esto implica que el Estado miembro donde se prevea la inversión, o donde esta se realice, podrá, de conformidad con su mecanismo nacional de control, imponer condiciones o, en casos extremos, prohibir la inversión si llega a la conclusión de que esa IED concreta puede afectar a la seguridad o al orden público en el país o en otros Estados miembros.

Además, apuntó que el artículo 40 del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas exige que los operadores "adopten las medidas técnicas y organizativas adecuadas y proporcionadas para gestionar adecuadamente los riesgos existentes para la seguridad
de sus redes y servicios".

De este modo, Bruselas se ha abstenido de manifestarse sobre la entrada saudí en Telefónica y ha remitido al Gobierno español a aplicar los criterios establecidos por el marco normativo europeo. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, celebró el interés de fondos internacionales por empresas españolas y afirmó entender la discreción de la operación.

El Gobierno español dispone de un plazo de 30 días desde que se notifique la operación para decidir si la somete a un análisis de seguridad nacional y si establece algún tipo de condición o limitación a la entrada de Arabia Saudí en Telefónica. Mientras tanto, la operación está pendiente de la aprobación de las autoridades regulatorias y de los accionistas de ambas compañías.