La Comisión Europea se ha reunido este miércoles para presentar su reforma fiscal comunitaria, que afectará al pago y la reducción de la deuda pública de los Veintisiete. En estos días, una comunicación no oficial, que refleja las principales líneas que finalmente se han debatido, ha circulado por Bruselas. El establecimiento de un máximo del 3% del déficit sobre el PIB en los presupuestos generales de los países y un límite del 60% de la deuda pública, variables que ya conocíamos, se mantendrán como objetivos en el nuevo plan. El gran cambio es la elaboración de planes individualizados para cada país, negociados con este y adaptados a su situación.

“Aporta mayor flexibilidad. Se realizaría un análisis de la evolución de la deuda a largo plazo, fijándonos en la evolución del gasto público neto de revisión de impuestos”, confirma a ElPlural.com Jonás Fernández, diputado al Parlamento Europeo en el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. De esta manera, existiría una mayor discrecionalidad por parte de la Comisión, apunta, dando poder de negociación a los países y alcanzando objetivos comunes entre ambos Ejecutivos.

No puede exigirse el mismo objetivo de recorte de deuda, coincide Fernández, a un país con un porcentaje de deuda superior al 100% (España, Portugal, Italia, Grecia o Francia) que a otro con una deuda reducida (Alemania o Países Bajos). En estos momentos, independientemente del valor y a riesgo de causar una recesión económica, los países miembros estarían obligados a reducir su deuda a un ritmo anual que corresponda a la veinteava parte de la deuda que se sitúe por encima del 60%, norma que está suspendida desde la pandemia. La definición de planes individuales busca evitar esta situación, con la oposición de países como Alemania o Países Bajos.

Para ello, Bruselas tiene pensado otorgar un mayor poder a las autoridades fiscales de los países, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) en el caso de España. Se tendrían en cuenta las previsiones y los estudios realizados por estas instituciones, confirma Fernández, aunque esto plantea otro problema: el funcionamiento, la posición o la independencia de estos organismos no es igual en todos los países de la Unión Europea.

Así, existen países donde las autoridades fiscales tienen una posición menor en el marco económico y, por el contrario, en otros realizan las previsiones económicas en las que se basan los presupuestos. En el caso de España, que se repite en otros muchos países, la AIReF tiene una elevada posición y consideración, pero el Gobierno realiza sus propias previsiones. En consecuencia, independientemente del funcionamiento de cada país, es evidente que no existe una autoridad fiscal homologable en todos los países, por tanto, otorgarle una responsabilidad tal requeriría primero una definición.

“Habría que ordenar el papel de estas agencias”, señala el eurodiputado socialista, que relata la necesidad de definir la dirección, la transparencia o la independencia de estas autoridades. No obstante, más allá del papel que se les otorgue finalmente a las autoridades independientes, la decisión final corresponderá al Consejo Europeo, conformado por los Veintisiete. Los planes, pensados a cuatro años vista, pero con una posible ampliación hasta siete, serán diseñados en los países y debatidos con Europa, confirma Fernández.

De esta forma, se introduce una cláusula específica de escape para los Estados miembro que contempla la posibilidad de eventos extraordinarios, tales como pandemias o guerras, derivada del actual contexto post Covid-19 y de la crisis tras el ataque de Rusia a Ucrania. Asimismo, la propuesta mantiene algunas de las obligaciones de la actual disciplina, como es el caso del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), que continúa en un máximo del 3%, mientras que el PDE basado en la deuda se reforzará y se activará cuando un Estado miembro con una deuda superior al 60% del PIB se desvía de la senda de gasto neto acordada.

‘Solidaridad’ de los países frugales

Como es habitual en Europa siempre que se propone una medida que desahoga a las economías más castigadas, los países frugales (Dinamarca, Suecia, Austria y los Países Bajos), aupados por Alemania, han esgrimido su enorme solidaridad. Ejemplo de ello es la carta que hace unos días Países Bajos remitía a la Comisión exigiendo mayor dureza y no permitiendo ni tregua ni excepcionalidades a los miembros. Además, los neerlandeses solicitaban mecanismos férreos de revisión y la aplicación de procedimientos de déficit excesivo si fuese necesario.

No obstante, este conjunto de países ha ido más allá solicitando que el papel de supervisión independiente lo asuma el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el encargado de acometer el rescate bancario a España en la crisis financiera y prestando un total de 41.330 millones de euros, que debían ser devueltos entre 2022 y 2027 y saldría de los bolsillos de los ciudadanos. “Sería la enajenación de la política fiscal a las autoridades”, lamenta Fernández. No obstante, esta variable no parece estar sobre la mesa por no contar apenas con apoyo en Europa.

Abanico amplio de sanciones

En lo que respecta a las penalizaciones al incumplimiento, Bruselas señala que se mantiene la posibilidad de sanciones económicas y se hará más creíbles reduciendo los importes. Y es que este nuevo sistema fiscal amplía el abanico de sanciones, por ejemplo, añadiendo algunas que tengan un mayor efecto reputacional, como la posibilidad de que los ministros de los Estados miembro en el procedimiento de déficit excesivo también puedan presentar en el Parlamento Europeo las medidas para cumplir con las recomendaciones del PDE. 

Además, debido al especial riesgo de que se produzcan repercusiones negativas dentro de una unión monetaria, sería posible aplicar sanciones financieras a los países de la zona del euro en caso de incumplimiento. En este sentido, la Comisión también ha planteado un nuevo instrumento para hacer cumplir los compromisos de reforma e inversión que sustentan una trayectoria de ajuste más gradual, por lo que, si un Estado miembro no cumple sus compromisos de reforma e inversión, la herramienta facultará a la Unión Europea para solicitar una revisión de la senda de gasto primario neto plurianual para imponer también sanciones financieras.